La Contraloría en el informe de acción posterior 60-2020 publicado en la página web, denominado “Inconsistencias en la información presentada en la segunda audiencia pública de rendición de cuentas 2019” suscrito el 29 de diciembre del 2020 por el Jefe de Control Institucional, Hugo Ponce Cámara, en la conclusión de dicho informe, detectó que el gobernador regional de Arequipa, mintió al informar sobre la cantidad de obras ejecutadas el año 2019, afectando a los principios de veracidad y transparencia que demanda la legislación vigente, aunque la conclusión la denomina “irregularidad”, y entre sus recomendaciones, pide al titular del gobierno regional que dicho informe se dé cuenta al Consejo Regional para que implementen las acciones que correspondan.

El informe, en resumen, da cuenta que el artículo 24 de la ley orgánica de gobiernos regionales obliga a los gobernadores efectuar dos audiencias públicas anuales en las que debe dar cuenta de los logros y avances durante el periodo, habiendo desarrollado la segunda audiencia el GRA el 27 de diciembre del 2019. De la revisión del video de dicha audiencia en el minuto 0.16:20, el gobernador informó a los asistentes que durante el 2019 que “hemos iniciado 160 obras, repito estamos ejecutando 160 obras, 140 obras por administración directa”.

Sin embargo, de la revisión documentaria de la rendición de cuentas de la segunda audiencia pública 2019 la Contraloría detectó en el acápite análisis presupuestal en las páginas 16 y 17 que a esa fecha (27 diciembre 2019) se encontraban en ejecución 77 proyectos de inversión pública por administración directa por un monto de 550 millones 251 mil 560 soles, donde se reseña el cuadro de obras en ejecución, siendo 46 de esas obras públicas en la provincia de Arequipa, 4 en Camaná, 2 en Caravelí, 8 en Castilla, 11 en Caylloma, 1 en Condesuyos, 1 en La Unión y 4 en la Provincia de Islay, siendo esta la primera “irregularidad”.

El informe de Contraloría da cuenta asimismo, que de las 77 obras públicas por administración directa, 19 obras publicas presentaban un porcentaje de avance de 0.00%, de los cuales 18 estaban ubicadas en Arequipa y 1 en la provincia de Islay, por lo que no fue correcto que el gobernador regional informe en la rendición de cuentas de obras que no tenían avances en su ejecución, evidenciándose otra “inconsistencia” en la información presentada en la rendición de cuentas de la segunda audiencia pública 2019.

Contraloría afirma que las irregularidades detectadas, viola la ley y código de ética de la función pública 27815 que en el artículo 6, obliga a los funcionarios actuar con veracidad, y en el artículo 7 que también los obliga actuar con transparencia, así como también el DS 004-2019-JUS de la ley de procedimiento administrativo general de confianza legítima por el cual los funcionarios deben brindar información veraz, completa y confiable sobre cada procedimiento a su cargo, pero también la resolución de Contraloría 320-2006 sobre calidad y suficiencia de la información por el cual el titular o funcionario debe asegurar confiabilidad, calidad, suficiencia, pertinencia y oportunidad de la información que genere y comunique.

En resumen, Contraloría, aunque no le menciona literalmente en su informe, en los hechos el gobernador regional mintió en su informe de rendición de cuentas de la segunda audiencia pública 2019, por lo que el Consejo Regional debería investigar este y otros casos, ya que el legislativo regional tiene la obligación de fiscalizar el manejo del presupuesto institucional. Consideramos incluso, que el Ministerio Público, debería actuar, ya que el gobernador que es arquitecto de profesión y no es un analfabeto ni indigente para que pueda justificar sus omisiones legales, ya que, como profesional, debe saber que mentir es un delito en el Código Penal, más aún cuando, sabe que hay leyes que obligan a los funcionarios a informar con claridad y transparencia, ya que de por medio están los recursos económicos el Estado y la sociedad le confían a los gobiernos regionales.

Esperemos que actúen el Consejo Regional y el Ministerio Público con rigurosidad las obras y las cuentas de la actual gestión regional de Arequipa y no encontrarnos con sorpresas cuando concluya su periodo el año 2022. El mejor capital que tiene un político cualquiera que sea su cargo en la gestión pública, es su credibilidad personal, la confianza que inspira en la sociedad, pero también la transparencia en todos sus actos, todo lo contrario, lo que hoy hace el inquilino del gobierno regional, tal como lo ha demostrado el reciente informe de la Contraloría.