El congresista por Arequipa, Hipolito Chayña Contreras del grupo parlamentario Nueva Constitución, presentó el 06 de enero el proyecto de ley de dos artículos que pretende derogar el decreto legislativo 11434 que modifica el artículo 143-A de la ley 26702 del sistema financiero, sistema de seguros y superintendencia de banca y seguros por violar el derecho constitucional al secreto bancario.

En la exposición de motivos del legislador, sostiene que mediante la ley 30823 se delegó al Poder Ejecutivo la facultad de legislar en materia de gestión económica y lucha contra la corrupción y modernización del Estado. Según Chayña Contreras, en dicha ley, en el literal k) se autorizó al gobierno para legislar en materia tributaria y financiera para modificar el secreto bancario, estableciendo montos mínimos garantizando estándares internacionales de seguridad informática respetando los derechos y principios establecidos en la Constitución.

Chayña considera que el artículo 2 inciso 5 establece que es un derecho fundamental el secreto bancario y la reserva tributaria, las que solo pueden levantarse a pedido del juez, fiscal de la nación o de una comisión investigadora del Congreso con arreglo a ley siempre que se refieran al caso investigado, por lo que el Decreto Legislativo 1434-2020-EF, viola el derecho constitucional al secreto bancario al permitir que la administración tributaria acceda a información bancaria sin que medie ninguno de los tres supuestos que consagra como derechos la Carta Magna.

Por lo tanto, la violación inconstitucional se convalida con el anexo del decreto supremo 430-2020 que, en el reglamento, establece que el sistema financiero debe suministrar información a la SUNAT para combatir la evasión y elusión tributaria toda información de personas naturales y jurídicas que efectúen movimientos iguales o superiores a 10 mil soles. En tal sentido el congresista estima que el decreto legislativo 1434 quiebra el secreto bancario, ya que la información que reciba la SUNAT puede ser manipulada y transmitida a la criminalidad exponiendo a los clientes del sistema financiero a ser secuestrados y extorsionados, pero también puede fomentar la informalidad decreciendo el impuesto a las transacciones financieras, por lo que es necesario derogar el decreto legislativo 1434 a través del anexo del decreto supremo 430-2020-EF.