El expresidente Martín Vizcarra en conferencia de prensa conjunta con la presidente del partido Somos Perú, Patricia Li y su candidato a la Presidencia de la República Daniel Salaverry, confirmaron a fines del mes de noviembre 2020, que el ex mandatario será el candidato invitado con el número 1 por Lima en la lista congresal de esa agrupación política, lo que ha generado un cisma en dicha agrupación, porque mientras unos lo apoyan, otros lo rechazan, lo que se extiende a la sociedad peruana.

Vizcarra sostuvo “que él está obligado a seguir en política por los desafíos que enfrenta el país”. Personalmente creo que esta decisión política de la cúpula de Somos Perú cuyo fundador fue el ex alcalde limeño, Alberto Andrade, mancha la trayectoria de este partido democrático, cuyos detractores sostienen que debería denominarse “Somos Corrupción”, ya que lleva como candidatos a dos políticos con investigaciones fiscales por presuntos delitos como, Salaverry y Vizcarra, que no nacieron políticamente en dicha agrupación política, sino que utilizan ese vientre de alquiler para llegar al poder ejecutivo y legislativo y blindarse constitucionalmente, si acaso logran sus objetivos en las ánforas en el mes de abril del 2021.

Vizcarra estima que los peruanos somos desmemoriados y tenemos alzhéimer y rápidamente olvidaremos su gobierno salpicado con indicios de corrupción y mentira permanente. El moqueguano considera que tiene un bolsón electoral y que él es el único que puede capitalizar esos votos de rechazo a la clase política representada en el Congreso Nacional y, por lo tanto, da el paso audaz de postularse al Congreso a quien tanto increpó y agravió cuando conducía el poder ejecutivo. Recordemos que más de una vez, señaló que estaba en contra de la inmunidad parlamentaria porque era un escudo para los que habían delinquido y no merecían estar en el primer poder del estado peruano e incluso forzó una reforma constitucional en esa dirección.

Hoy el moqueguano, en forma incoherente, quiere pertenecer a ese club de “impresentables políticos” a quienes tanto criticaba, no porque quiere servir a la patria y limpiar la corrupción estatal, sino que quiere protegerse en la inmunidad parlamentaria que tanto criticaba ahora que la fiscalía lo tiene con la soga en el cuello al caer víctima de su propia telaraña de mentiras, como cuando declaró a la prensa que nunca conversó con Keiko Fujimori y que nunca se tomó una foto con el empresario Antonio Camayo. Su cinismo e hipocresía política no tiene límites. Con seguridad, tratará de victimizarse ante el electorado con el apoyo de la prensa de la concentración limeña que hicieron creer al país que cuando el Congreso lo declaró incapaz moral a Vizcarra y por sucesión constitucional, accedió Merino a la presidencia, hubo un “golpe de estado”.

¿Cuántos políticos desterró al exterior Merino? ¿Cerró el poder judicial Merino? ¿Descabezó el Tribunal Constitucional Merino? ¿Clausuró medios de comunicación? ¿Prohibió las manifestaciones callejeras el gobernante transitorio? ¿Fue con tanques y soldados a tomar palacio de gobierno el acciopopulista Merino y sacó a la fuerza a Vizcarra? ¿Intervino todos los gobiernos regionales del país Merino?

Tengo la impresión que la piñata política en la campaña electoral, será Vizcarra y eso podría ser utilizado por el moqueguano como una persecución política y victimizarse ante el electorado. La batalla también será jurídica, ya que, sin duda, se impugnará la candidatura del moqueguano,  ya que por mandato constitucional y legislación electoral, los altos funcionarios estatales deben renunciar seis meses antes de convocarse a elecciones generales, lo que no hizo Vizcarra, porque jamás imaginó que lo iban a declarar incapaz moral por parte del Congreso, ya que sus únicos aliados abiertos en el debate parlamentario para vergüenza de los peruanos, fueron los del Partido Morado, parte de Somos Perú y parte del Frente Amplio, que defendieron al ex presidente y se olvidaron que la corrupción es el primer problema del país que debe desterrarse, pero votaron por la no vacancia contra el impresentable moqueguano con el argumento de “la gobernabilidad y estabilidad del país”.

No me sorprendería en las próximas semanas que la fiscalía pida mandato de detención ante el poder judicial contra Vizcarra, porque hay testigos y colaboradores eficaces que sostienen que el moqueguano habría recibidos sobornos por obras públicas cuando fue gobernador de Moquegua. Si un juez ordena su detención en plena campaña electoral, esa probable decisión no impediría que siga postulando al Congreso, ya que sus abogados con seguridad, argumentarán la presunción de inocencia, ya que hasta que no tenga sentencia firme, no podría impedirse que postule al parlamento.

Por lo tanto, ante este probable escenario, el electorado podría dividirse, entre quienes creen que Vizcarra es una víctima de la conspiración político judicial y quienes creen que deben respetarse las instancias fiscales y judiciales, porque en un estado de derecho constitucional, nadie está por encima de las normas jurídicas, incluidos los políticos. Es más, en ese hipotético escenario, estaríamos ante un caso del respeto a los valores de la sociedad peruana, entre ellos la moral pública de los políticos. Por lo tanto, algunos ciudadanos le perdonarían el “pecado” al moqueguano y otros lo repudiarían, ya que una persona que no tiene ni practica la escala de valores morales, no merece ser representante del pueblo en el primer poder del estado que es el parlamento. Los electores definirían entonces si premian a los inmorales o premian la moral política y eso lo veremos el próximo 11 de abril del 2021.

No tengo odio ni deseo venganza contra Vizcarra. Fui uno más de los ciudadanos que apoyó en diversos artículos de opinión en setiembre del 2019 en favor de la disolución del Congreso de la mayoría fuji-aprista, porque esa alianza política, blindó a altos funcionarios públicos con indicios de corrupción y consideré que Vizcarra no solo tenía razón en la lucha anticorrupción, sino tenía la atribución constitucional de disolver el parlamento que le facultaba la Carta Magna. Igualmente, en el debate parlamentario de la vacancia contra Vizcarra en noviembre 2020, considere que el moqueguano era indigno de continuar en la Jefatura de Estado por sus constantes mentiras, porque con sus secretarias en palacio de gobierno que él mismo designó, obstruía la justicia y con los colaboradores eficaces que han aparecido que declaran sobornos ante fiscales, consideré que era insostenible que el Congreso mantenga en palacio de gobierno a un gobernante que había desprestigiado la primera magistratura de la nación y nos avergonzaba ante mundo.

O el Congreso vacaba a Vizcarra al amparo de la incapacidad moral que contempla la Carta Magna o el Congreso era cómplice al no asumir su función constitucional de control político contra altos funcionarios estatales, corriendo el riesgo que un sector de la sociedad salga a las calles para exigir que “se vayan todos” como sucedió en Argentina en la década pasada.  El Tribunal Constitucional le dio la razón al Congreso y señaló que el poder legislativo ejerció su función constitucional para vergüenza de algunos “juristas”, “periodistas” y “políticos” que mintieron al   país cuando afirmaron en defensa de Vizcarra que se dio un “golpe de estado”. Los peruanos tenemos que priorizar la defensa de los principios constitucionales, pero también de los valores morales de nuestra sociedad, por encima de las personas e instituciones. Esa es una de las lecciones que nos ha dejado la última crisis política. Vizcarra pretende escudarse en la inmunidad parlamentaria para rehuir la administración de la justicia en nuestro país. ¿Lo permitirá el país?

Hugo Amanque Chaiña – Abogado y Periodista