El 17 de julio 2020, el fiscal anticorrupción, José Domingo Pérez, solicitó al juez penal, Victor Zuñiga del Cuarto Juzgado de Investigacion Preparatoria Nacional, que suspenda durante dos años y medio las actividades políticas del partido Fuerza Popular, que lidera la política Keiko Fujimori. En la fundamentación jurídica del Fiscal Pérez, afirmó que al partido político Fuerza Popular, debe aplicarse la Ley de Crimen Organizado contemplado en el Código Procesal Penal, ya que dicha organización política al tener una bancada parlamentaria, utilizó su mayoría legislativa para aprobar varias leyes en el parlamento peruano en el periodo 2017-2018.

El fiscal anticorrupción en su acusación, sostiene asimismo que Fuerza Popular habría incurrido en el presunto delito de lavado de activos ya que Keiko Fujimori habría recibido un millón de dólares de la empresa brasileña Odebrecht en la campaña presidencial. El equipo fiscal que investiga el caso Lava Jato le imputa a Fujimori haber ocultado bajo una contabilidad ficticia millonarias donaciones de grandes empresas peruanas y extranjeras, entre estas el millón de dólares de Odebrecht y unos 3,65 millones de dólares de Credicorp, el mayor grupo financiero de Perú.

La acusación fiscal sostiene que la lideresa de Fuerza Popular formó una organización criminal al interior de dicho partido político para captar recursos económicos ya que sus objetivos era obtener el poder político, para lo cual recibió aportes ilícitos de grupos empresariales brasileños y que una vez que estuviera en el gobierno, el partido fujimorista retribuir los favores económicos con el otorgamiento de obras subvaluadas, leyes y favorecimientos judiciales, lo que constituiría una corrupción empresarial y estatal que el Estado debe combatir.

Keiko Fujimori estuvo en la cárcel de mujeres de Chorrillos por 15 meses con prisión preventiva por presunto peligro de fuga y obstrucción a las investigaciones contra testigos, ordenado por el poder judicial el año 2019, pero salió de la cárcel en mayo del 2020 por una sentencia del Tribunal Constitucional, pero el proceso penal continuaba.

Días atrás, Keiko Fujimori declaró a la prensa que si el juez decide suspender al Partido Fuerza Popular sería una pena de muerte a una organización política que está en competencia para las elecciones 2021 privandose a 25 mil militantes de su derecho de elección en abril del 2021, ya que su partido ha tenido representación parlamentaria en los últimos 30 años y en el poder ejecutivo.

El juez, Víctor Urday, programó la audiencia virtual para el lunes 30 de noviembre a las 09 horas para definir si suspende o no las actividades políticas del partido Fuerza Popular, donde deberá participar el Fiscal Jose Pérez y la defensa técnica del partido fujimorista. Si el juez le da la razón al Fiscal Jose Pérez, Fuerza Popular no podrá participar en las elecciones generales 2021 que están en marcha en el país.

Consultado sobre el tema, el abogado penalista, Dr. Carlos Coria, precisó que el tema es jurídico y político. El artículo 105 del Código Penal y el artículo 23 de la ley de crimen organizado 30077 definen  que si se demuestra que hay una organización criminal al interior de una persona jurídica, el juez penal puede multar a la organización jurídica, clausurar sus locales, suspender sus actividades no mayores de 5 años, puede prohibir llevar a cabo sus actividades, cancelar sus licencias y autorizaciones administrativas e incluso ordenar la disolución de la persona jurídica, pero también sería la primera vez en la historia política y judicial del Perú una severa sanción que se aplicaría a un partido político siempre y cuando el juez penal está convencido de ello.

El penalista remarcó que el fiscal Pérez está pidiendo 2 años y medio de suspensión, y debe probar ante el juez que el partido Fuerza Popular es un peligro ya que dicha organización política puede seguir recibiendo aportes ilegales para financiar su campaña electoral del 2021 o blanquear dinero de organizaciones privadas lo que no puede permitirse ya que una ley que sanciona estos delitos. El Dr. Coria, agregó que el juez en su resolución, puede suspender al partido político como solicita el fiscal Pérez, pero Fuerza Popular podría apelar a segunda instancia que en dos meses podría pronunciarse ya que estamos Ad Portas de las elecciones 2021.

El Dr. Coria agregó que, si el juez le da la razón al fiscal Pérez, a futuro el mismo caso podría darse en otros procesos judiciales contra las organizaciones políticas como el Partido Humanista, Partido Solidaridad, Fuerza Social, el Partido Popular Cristiano, el Partido Aprista, cuyos líderes políticos recibieron aportes ilícitos de empresas brasileñas años atrás para financiar sus campañas electorales. El penalista afirmó finalmente que Fuerza Popular no puede sostener que se afecte su participación política en las elecciones 2021, ya que la ley de crimen organizado se aplica a todo tipo de organizaciones jurídicas de las cuales no están excluidas las organizaciones políticas y el Jurado Nacional de Elecciones tendría que acatar la sentencia ya que no podría desconocer un fallo judicial como consagra la Constitución Política.