No hubo golpe de estado, pero si descontento popular contra clase política afirma abogado e historiador Mario Romel Arce
La vacancia por incapacidad moral contra Vizcarra fue conforme a lo que señala la Constitución y no hubo golpe de estado, pero la movilización de los jóvenes reflejó el descontento popular y la frustración contra la clase política corrupta en los partidos políticos, por lo que es urgente que las autoridades recuperen la confianza de la población. Así lo afirmó el historiador y abogado, Dr. Mario Romel Arce, en una entrevista concedida al portal digital Arequipa Misti Press, donde se mostró partidario de reformas constitucionales a la Constitución ante la descomposición política económica, al tiempo de lamentar la cantidad excesiva de candidatos a la presidencia, por lo que los electores deben exigirles honestidad y coherencia en sus planes de gobierno. Compartimos la entrevista con ustedes.
Como abogado de profesión, el Congreso al declarar la vacancia del presidente Vizcarra, ¿Uso su facultad constitucional que le reconoce la Carta Magna en el artículo 113 inciso 2 o abusó de su competencia constitucional el parlamento?
Sí, el Congreso procedió en el tema de la vacancia presidencial en aplicación de la Constitución vigente; como también lo hizo en su momento para vacar o pretender vacar a los ex presidentes Alberto Fujimori (1992 y 2000) y Pedro Pablo Kuczynski (2018).
La corrupción es uno de los problemas nacionales que no hemos superado en la sociedad peruana ad portas del bicentenario. Sin embargo, un gran sector de peruanos salió en movilización para rechazar lo que ellos consideraron un “golpe de estado” e indirectamente apoyando a Vizcarra, a quien el parlamento lo consideró indigno por sus constantes mentiras y lo vacó por inmoral. ¿Cómo entender esa contradicción en la sociedad peruana y la juventud?
No hubo golpe de Estado ni tampoco usurpación de poder. Se cumplió con el procedimiento para la vacancia presidencial, cuyo debido proceso fue cumplido por el propio ex presidente Martín Vizcarra, al haber hecho uso de su derecho a la defensa, allanándose al procedimiento establecido por la Constitución y el Reglamento del Congreso. El Congreso en uso de sus facultades constitucionales invistió al nuevo presidente, Manuel Merino, con el carácter de transitorio, otorgándole el título de encargado del Poder Ejecutivo. Hasta aquí la legalidad del acto. Si fue o no conveniente, oportuno, ese es el problema, llevar a cabo la vacancia en medio del Estado de Emergencia Sanitaria que vive el país. La reacción popular fue legal y legítima, desde que expresó en las calles su rechazo a un desembozado apetito de poder que el ex presidente Manuel Merino había evidenciado desde la primera propuesta de vacancia presidencial. Y en un acto plebiscitario, le dijo no.
Por otro lado, no veo una contradicción en la respuesta del pueblo peruano. Lo que percibo es más bien un malestar y enorme descontento con la clase dirigente nacional, como consecuencia de los escándalos de corrupción, no de ahora solamente, sino de hace muchos años. Esta generación, que ahora tiene en promedio 20 años, ha crecido en medio del desengaño que los propios actores políticos han originado. Hay mucha frustración. La gente se siente defraudada en sus expectativas. Cada cinco años, cuando participamos de los procesos electorales, se renueva la esperanza de un mejor porvenir, pero lamentablemente volvemos a caer en lo mismo. Esta situación genera enorme desconfianza en la población, con relación a sus autoridades elegidas.
¿Cree usted que los jóvenes se movilizaron en las calles contra el presidente como rechazo a los partidos representados en el Congreso, fueron inducidos por la prensa nacional para salir a las calles supuestamente contra un golpe de estado o lo hicieron por principios para evitar un abuso desde el parlamento?
Sin duda, hay varios factores concurrentes como protagonistas hay en los movimientos sociales. Lo que yo creo que hay es descontento social contra la clase política nacional. Se advierte un proceso de descomposición del propio sistema. ¿Qué hacer? La juventud y el pueblo peruano lo han dicho en las calles. El mensaje es claro. Urge recuperar la confianza pública depositada en las autoridades elegidas y también recuperar el principio de virtud cívica, que antepone el bienestar común por encima del interés personal, de partido, de grupo de poder.
En plena pandemia sanitaria en el país, los medios de comunicación de Lima semanas atrás efectuaron campaña con el lema “quédate en casa” para evitar la propagación del COVID 19, pero en la crisis política, promovieron la “marcha nacional” alentando a salir a las calles a los jóvenes en plena pandemia. ¿Cómo abogado y ciudadano como ha observado el comportamiento de la prensa nacional? ¿Cree usted necesaria la creación de los observatorios de medios de comunicación para evitar el abuso de los medios de comunicación?
Por una cuestión de principio, creo en la más irrestricta libertad de expresión y de prensa. No estoy de acuerdo en ningún tipo de mordaza a los medios de comunicación. En la pluralidad está la garantía de una opinión pública bien informada.
¿Por qué cree usted que el pueblo que eligió al actual Congreso en enero del 2020 lo rechaza cuando Merino por sucesión constitucional asumió la presidencia al declararse la incapacidad moral de Vizcarra, pero lo apoya cuando Sagasti también por sucesión constitucional ocupa hoy la jefatura de Estado?
Lo cual refuerza la legalidad de la investidura hecha por el Congreso en uso de sus atribuciones constitucionales, tanto en el caso de Manuel Merino como del actual presidente Francisco Sagasti. En ambos casos, su investidura presidencial deriva del actual Congreso, con el mismo título de encargado de la Presidencia de la República. En el primer caso, las circunstancias de su nombramiento no fueron las más auspiciosas. En primer lugar, por su apetito de poder desembozado desde la primera propuesta de vacancia presidencial al ex presidente Martín Vizcarra. En segundo lugar, por la inconveniencia del momento. A pesar de las graves acusaciones contra el ex presidente Vizcarra, había consenso de parte de varios sectores sociales de dejar que acabe el periodo presidencial, para que luego sea el Poder Judicial quien defina su situación jurídica. Esta idea, me parece, pesó mucho en la opinión pública. En el segundo caso, el pueblo se ha sentido parte de la decisión tomada por el Congreso, debido a su acción cívica en las calles que obligaron a la renuncia del señor Merino.
¿Cómo ubica al presidente Sagasti ideológicamente, en la derecha o el centro político y cuáles deberían ser las prioridades del gobernante transitorio?
Lo veo en el centro. Ahora mismo, es impropio para muchos políticos situarse a la derecha o a la izquierda. Su prioridad del actual gobierno transitorio es garantizar la transparencia del proceso electoral del año 2021. Y también continuar haciendo frente a la lucha contra la pandemia. Como su poder deriva del Congreso, no tiene mandato popular para implementar otras medidas, que no sea asegurar el orden interno y la continuidad administrativa del país.
Fujimori, García, Toledo, Humala, PPK y Vizcarra son gobernantes salpicados por la corrupción lo que nos denigra ante el mundo desde 1990 al 2020. ¿Que está fallando en el país en las tres últimas décadas? ¿Los partidos políticos? ¿los ex gobernantes? ¿Los electores? ¿Qué debemos hacer para que Sagasti no sea el próximo presidente repudiado por los peruanos en los próximos años?
El año 2000 muchos peruanos vieron con pavor el nivel de corrupción y daño moral (laico) producido a las instituciones del país. En aquella oportunidad, hubo consenso en la necesidad de regenerar el país. Sin embargo, poco tiempo después volvíamos a lo mismo en materia de corrupción. La pregunta sería si el problema es humano, estructural, o ambos a la vez. Nuevamente la educación y la formación en sólidos principios morales (laicos) serían el meollo del asunto, pero también el nivel de impunidad que ha existido para este tipo de casos. De ahí que sea importante fortalecer el sistema de justicia y en particular el sistema anticorrupción.
¿Cuál es su opinión sobre la decisión del Tribunal Constitucional que resolvió que hubo sustracción de la materia?
Si bien la primera vacancia contra Martín Vizcarra no se produjo, estaba pendiente de aclaración los alcances del Artículo 113, inciso 2, de la Constitución. En la práctica, el Congreso ya lo interpretó con los precedentes históricos de 1992, 2000, 2018 y 2020. En mi opinión, aplicable a la falta de autoridad moral de un gobernante. Sin embargo, ante la duda razonable, cabía el pronunciamiento del supremo intérprete de la Constitución. Pero, como casi siempre, pudieron más los hechos que los textos.
¿Sería usted partidario de la cadena perpetua para todos los gobernantes que se corrompan en la función pública? ¿O qué otra propuesta plantearía para acabar con los gobernantes corruptos y no seguir siendo una herencia nefasta desde que se inició nuestra república hace 199 años?
Cualquier tipo de pena no creo que garantice el buen desempeño de la función pública. En la educación recae la responsabilidad de formar buenos ciudadanos. Pero no solo de aquella que se recibe en la escuela, sino también la que aprendemos en la casa. Los padres de familia tienen, en ese sentido, una enorme responsabilidad.
Una de las demandas de la población es reformar algunos artículos de la Constitución de 1993, otros plantean una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Carta Magna, pero otros sostienen que no hay nada que cambiar en la Ley de Leyes. ¿Cuál es su planteamiento personal?
Yo sí creo necesario renovar el pacto social. Como dice un reconocido historiador francés, Pierre Rosanvalón, no hay “destino inexorable”. Más aún, si hay signos de descomposición del modelo político y económico. No hay que temer al cambio. Se requiere de un espacio para repensar el Perú que queremos por los próximos años, sin hipotecar el futuro de las nuevas generaciones que seguramente reclamarán para sí nuevos cambios. Es parte del mensaje ciudadano expresado en las calles. Sobre el particular, es interesante apreciar la connotación de ciudadanía que hoy ejercen los peruanos en las calles, en el marco de una democracia más activa y participativa.
El Poder Ejecutivo que se instale el próximo 28 de julio, podría someter a consulta popular la necesidad de reformar la Constitución. Hay en camino reformas parciales, aprobadas en un referéndum pasado. Sin embargo, la reforma política no es suficiente para hacer un ajuste estructural, se requiere también abordar la reforma económica, para redefinir el rol del Estado.
Para las elecciones 2021, se han inscrito 24 fórmulas presidenciales, ¿Por qué hemos llegado a este alto número de candidatos según su apreciación personal? ¿Qué está fallando en el sistema político partidario en el país?
Cuando el Perú volvió a la democracia en 1980, en las elecciones generales de ese año hubo también varias candidaturas presidenciales. Sin embargo, hoy, se sobrepasa cualquier expectativa de participación partidaria. Lo que, en principio, parece bueno, en términos de participación política, por otro lado, atomiza el voto electoral y lo disgrega, de modo que resta mayorías absolutas en la representación parlamentaria y en la elección del Presidente de la República, que, como viene ocurriendo en los últimos tiempos, tendría que ir a una segunda vuelta electoral para definir al ganador entre dos.
Creo que un elector más consciente y maduro debería optar no por el carisma del candidato sino por los planes de gobierno y los equipos técnicos y profesionales que lo acompañan.
Ad portas de la campaña electoral, ¿Qué partidos políticos cree usted que serán los beneficiados o perjudicados por la crisis política reciente entre Merino y Sagasti?
Es difícil saberlo. Ahora entramos a un nuevo escenario de la campaña electoral, y seguramente los operadores políticos, los jefes de campaña y el marketing político pondrán en marcha su mayor ingenio para ganar la voluntad del elector. Sin embargo, no podemos subestimar al elector que, a juzgar por los últimos acontecimientos, parece que tiene claro lo que quiere.
¿Cómo electores qué debemos exigirles a los partidos y candidatos en las próximas elecciones 2021?
Algo muy simple: honestidad, coherencia en sus ideas, sentido común y apertura de pensamiento.
¿Cuál es su mensaje a los peruanos y arequipeños ad portas del bicentenario 2021?
Mi mensaje sería de renovación en un contexto de cambio global. Asumir como una realidad los cambios sociales, políticos, económicos y culturales. Asimismo, aprender a escuchar al otro. En una democracia, todos somos interlocutores válidos, todos tenemos derecho a opinar y a ser escuchados. Hay que dejar atrás la mala práctica de descalificar al otro, porque no piensa como nosotros. Así nunca aprenderos a escucharnos entre nosotros. Así nunca podremos construir una sociedad mejor.