El consejero regional de Arequipa, Jose Luis Ancco, afirmó que la ley 31064 que otorga garantías soberanas para el Proyecto Majes II y que favorece a la concesionaria privada que aprobó el Congreso Nacional y promulgó el presidente Vizcarra, será inaplicable y resulta contradictoria, porque una cosa es lo que señala el artículo único de dicha norma legal y otra cosa es lo que refiere sus disposiciones complementarias.

Ancco sostiene que mientras el artículo único de la Ley 31064 autoriza al gobierno nacional para otorgar garantías soberanas para respaldar obligaciones derivadas de los procesos de promoción de inversión privada mediante asociaciones público privadas incluyendo modificaciones contractuales hasta por un monto que no exceda los 987 millones de dólares, favoreciendo a la concesionaria, sin embargo, en las disposiciones complementarias de dicha norma legal, contradictoriamente tiene carácter suspensivo y está sujeto al cumplimiento de diversas obligaciones que deben ser cumplidas por el gobierno regional de Arequipa.

Entre ellos, el informe previo favorable de Pro inversiones, el informe favorable de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público del Ministerio Público, al cual hay que agregar el informe favorable de la Contraloría General de la República a favor del Proyecto Majes II y del cambio tecnológico, los que de ser desfavorables al Proyecto Majes II y al cambio tecnológico, convertirían a la ley en inaplicable agregó el consejero regional.

Ancco denunció que el gobierno de Vizcarra está utilizando la ley de endeudamiento 2020 para direccionar financiamiento público a favor de empresas privadas que construyen aeropuertos regionales en el país, en Chavimochic III y el Proyecto Majes II, favoreciendo a grupos económicos que el Congreso no está fiscalizando con severidad, ya que los privados deben asumir sus obligaciones financieras contraídas en los contratos suscritos con el Estado y no exigir recursos económicos al tesoro público.

El consejero regional sostuvo que en la adenda 12 del Proyecto Majes y la concesionaria, en la cláusula 26.7, el gobierno regional y la empresa Cobra, se comprometieron a no suscribir ninguna adenda a futuro, lo que hoy está incumpliendo la concesionaria al exigir la suscripción de la adenda 13 y su cambio tecnológico que supone una inversión de 104  millones de dólares que debió ser asumido íntegramente por la concesionaria según la cláusula 21 del contrato suscrito y no por el gobierno regional ni por garantías soberanas del gobierno nacional.

Jose Ancco mencionó que mientras no haya informes previos de Pro inversiones, la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público ni de la Contraloría, personalmente se opondrá en la sesión del Consejo Regional a la suscripción de la adenda 13 que exige la concesionaria, lamentando que el gobernador regional siga manejando las negociaciones con poca transparencia ni debate público que debería promoverse para que la población y sociedad civil conozca porqué razones Caceres Llica cambio de opinión, ya que cuando fue candidato prometió todo lo contrario a lo que hoy está haciendo como autoridad regional.