El miércoles 21 de noviembre de 2018, con miras a la segunda vuelta electoral, los candidatos de entonces, Javier Ismodes y Elmer Cáceres Llica participaron en un debate organizado por la Agenda para el Desarrollo de Arequipa, en la Universidad Católica Santa María, actuando como moderador el periodista Federico Rosado (https://elbuho.pe/2018/11/debate-electoral-javier-ismodes-elmer-caceres/).

En esa oportunidad cuando se le preguntó al candidato Cáceres Llica sobre su posición en relación a la Adenda 13 del Contrato sobre Majes Siguas II, (que en ese tiempo estaba promoviendo Yamila Osorio), él respondió así: “(…) no tiene un contenido real, no tiene una justificación concreta para implementar esa cantidad de dinero. Yo considero que más bien es un tema netamente ya de corrupción (…). (el resaltado es nuestro).

Ahora, ya siendo Gobernador Regional, Cáceres Llica ha suscrito el Acta de Acuerdo de fecha 30 de junio de 2020 en la que ha asumido la siguiente obligación: “Con el interés mutuo de ambas Partes(sic) de suscribir la Adenda 13 en el más breve plazo y reiniciar las Obras(sic), el Concedente, y el Concesionario en lo que le competa, llevará a cabo todas las actividades requeridas para suscribir la Adenda 13 el día 30 de octubre del 2020, caso contrario las Partes(sic) podrán actuar conforme a derecho. (…) El Concedente se compromete a solicitar y coordinar ante el Ministerio de Economía y Finanzas la Garantía Soberana al RPI a favor del Concesionario y a gestionar un respaldo al pago de la inversión adicional por el cambio tecnológico previsto en la Adenda 13.” (el subrayado es nuestro).

La Ley n.° 31064 que promovió el propio Gobernador Cáceres Llica dice lo siguiente: “Facúltase al Gobierno Nacional a ampliar el monto de la Garantía Soberana prevista en el “Contrato de Concesión de Construcción, Operación y Mantenimiento de las Obras Mayores de Afianzamiento Hídrico y de Infraestructura para Irrigación de las Pampas de Siguas”, con el objeto de asegurar los pagos correspondientes a la inversión adicional a ser incorporada en la décimo tercera modificación contractual [Adenda 13] presentada por el Gobierno Regional de Arequipa.

Para ello, el Gobierno Regional de Arequipa en el marco del pedido de opiniones e informe previo sobre la referida modificación contractual, solicita y sustenta la necesidad de la Garantía Soberana, correspondiendo a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Pro inversión), en el marco del procedimiento de modificación contractual, evaluar y determinar el otorgamiento de la garantía para el aseguramiento a los mencionados pagos, considerando los criterios de consistencia con el proceso de promoción y de conveniencia. Asimismo, el Ministerio de Economía y Finanzas emite opinión previa en los temas de su competencia a la referida propuesta de modificación contractual presentada por el Gobierno Regional de Arequipa, quien adjunta la opinión de Pro inversión antes señalada, según lo previsto por la normativa del Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada.”

Resulta evidente que el Gobernador ha cambiado de posición política. Cuando era candidato, acusaba a la Adenda 13 de ser un acto de “corrupción”, pero ahora ha asumido el compromiso de firmarla y él personalmente está conduciendo los trámites para poder suscribir un aumento del monto contractual en 104 millones más, para la construcción de Majes Siguas II, habiendo conseguido una ley que faculta al Poder Ejecutivo a otorgar la garantía soberana de esos 104 millones a condición de que se justifique técnicamente ese aumento contractual.

¿Un político no puede cambiar de posición? Por supuesto que puede hacerlo, pero tiene la obligación de justificar razonablemente ese cambio ante el pueblo que votó por él creyendo en su oferta electoral. Si no da explicaciones, como que hasta ahora no las ha dado (¿por qué dejó de ser un acto de corrupción?), entonces estamos ante una verdadera traición. De él depende y de nadie más.

Pero en términos jurídicos están siguiendo el camino de una abierta ilegalidad, porque el contrato firmado con la contratista, dice que el monto por los cambios tecnológicos (justificación de la Adenda 13) ya conocidos, son por cuenta del contratista y además, que el monto contractual no se puede modificar. Si el Gobierno Regional de Arequipa no tiene ninguna obligación de aumentar el monto contractual pactado por 104 millones más, ¿cuál es el interés que tiene el Gobernador de seguir este camino errado?

Por supuesto que necesitamos destrabar el proyecto. Pero la forma de hacerlo no es regalando al contratista 104 millones sin motivo ni justificación alguna. Lo que se necesita es voluntad política para defender los intereses de Arequipa y exigir que el contratista reinicie las obras en forma inmediata porque no existe razón alguna para que se resista a ello; y si no quiere, habrá que resolver el contrato, para que otra empresa haga lo que esta arbitrariamente no quiere hacer.

Walter Paz – Abogado