En vista que el Estado solamente en el gobierno nacional, regional y local gastó en servicios de consultoría, asesoría y similares el año 2017 la suma de 2,339 millones, el 2018 la suma de 1,787 millones de soles y el 2019 la suma de 1,700 millones de soles, de acuerdo al portal de consulta amigable del Ministerio de Economía, montos que consideran excesivos, en tanto que la Presidencia del Consejo de Ministros informó que el gobierno nacional el año 2019 desembolsó 1,075 millones de soles, la Contraloría General de la República presentó ante el Congreso Nacional el proyecto de ley que pretende crear el registro para el control de contratos de consultorías en el Estado.

El proyecto de ley suscrito por el Contralor Nelson Shack, al amparo de la facultad constitucional que le confiere para presentar iniciativas legislativas, tiene como finalidad impulsar la transparencia y rendición de cuentas de estas contrataciones para que las instituciones públicas, privadas y los ciudadanos conozcan cómo se manejan los recursos económicos del aparato estatal. El proyecto de ley tiene 3 artículos donde afirma que el objeto de la misma, es crear un registro de contratos de servicios que contendrá información relacionada a la prestación de servicios de consultoría, asesorías y similares desarrollados por personas jurídicas y personas naturales para el Estado Peruano, independientemente de la modalidad de contratación.

El ámbito de aplicación de la ley si se aprueba en el Congreso, será aplicable en todas las entidades sujetas a control por el Sistema Nacional de Control y de la Contraloría de la República. El registro a crearse debe tener las siguientes informaciones: a) área usuaria solicitante, b) pedido del área usuaria, c) términos de referencia de la contratación, d) personal natural o jurídica que contrata o desarrolla el servicio, e) conformidad de la prestación de servicio, f) pagos realizados por la entidad en el marco de la contratación, g) entregables o los productos en el marco de la contratación. El contralor sostiene que en la agenda legislativa se han dado informaciones sobre el problema del pago de consultorías y asesorías, así como su poca transparencia, pero también recuerda que el Perú tiene la obligación de cumplir las obligaciones estipuladas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que suscribió donde en su artículo 7, precisa que los Estados deben procurar adoptar sistemas destinados a promover la transparencia y a prevenir conflictos de interés.

Como se recuerda en el mes de septiembre 2020, la Contraloría General de la República detectó que el Ministerio de Cultura pagó montos indebidos por más de S/ 155 mil soles Richard Cisneros (Richard Swing) quien el único proveedor no contando con especialidad para prestar servicios ni experiencia en la ejecución de actividades motivacionales entre el 2018 y 2020, por la cercana relación política que tuvo con el presidente Vizcarra en la campaña electoral de PPK el 2016, lo que hoy lo ha envuelto en investigaciones fiscales. El informe de la Contraloría, detectó asimismo presunta responsabilidad penal y/o administrativa en 16 funcionarios y servidores públicos del Ministerio de Cultura por hechos irregulares que beneficiaron indebidamente al proveedor, afectando la transparencia de las contrataciones del Estado.