El presente proceso de elecciones generales para la renovación del poder ejecutivo y el Congreso de la República nos encuentra en una difícil circunstancia, marcada por una profunda crisis que abarca todos los aspectos del quehacer nacional. No se trata solamente de crisis en los aspectos económicos o sociales, sino una crisis estructural, una crisis del régimen, que pone sobre la agenda la necesidad del establecimiento de un nuevo contrato social o, en otras palabras, una nueva constitución porque ya no se puede seguir gobernando como hasta ahora.

Esta crisis ha sido acicateada por la implacable pandemia que ha desnudado las debilidades y carencias del modelo impuesto desde la década de los 80, bajo el amparo del denominado consenso de Washington, que promovía el desmontaje de los regímenes estatistas instaurados en varios países latinoamericanos en la década de los 70. Precisamente, la apertura democrática en los 80 se produce al amparo de la Constitución promulgada en 1979 que restablece el sistema de partidos suprimido en 1968, convocando la presencia de Acción Popular, el APRA, el PPC, el FNTC y otras agrupaciones menores a las que se sumó la Izquierda Unida, alianza electoral que participó desde las elecciones municipales de 1980.

Los procesos electorales de las décadas 80 y 90 tuvieron la participación de entre 9 a 15 partidos políticos y es a partir de las elecciones generales del 2006 donde se presenta una proliferación de los partidos aspirantes al gobierno con 20 candidatos en ese año, 11 en el 2011, 14 en el 2016 y recientemente 21 organizaciones políticas compitiendo en las organizaciones congresales complementarias para renovar el Congreso a comienzos del presente año. Una característica que tuvieron las elecciones hasta el 2016 es que otorgaron una mayoría clara en el congreso al gobernante elegido.

Esto no ocurrió en el 2016, cuando la victoria de Kuczynski en segunda vuelta tuvo como resultado un congreso con mayoría fujimorista, que rápidamente abrió el curso para una permanente confrontación con el ejecutivo que culminó con el cierre constitucional del congreso, en un ambiente político contaminado por la corrupción, que comprometía directamente a la mayoría de fuerzas políticas y al empresariado nacional en sobornos en los proyectos de infraestructura de las últimas décadas, siendo  emblemático el caso Lava Jato, que comprometió a la empresa Odebrecht, empresarios y varios ex presidentes de la república.

En la actualidad son 24 organizaciones políticas las que cuentan con la inscripción ante la ONPE y en consecuencia, participarán en estas elecciones generales. Este crecimiento ha sido paralelo a la fragmentación y desarticulación de la sociedad peruana, en medio de crisis políticas recurrentes que se han traducido en el plano político en una crisis de representación, con el telón de fondo de una corrupción profunda en el sistema político, judicial y en la gestión pública.

La dispersión de las fuerzas políticas, abre la posibilidad de una fragmentación de la representación parlamentaria y en consecuencia, serias dificultades para nuestro régimen presidencialista, desacostumbrado a funcionar sin un parlamento alineado o con mayoría solvente del ejecutivo y peor aún, con el telón de fondo de la crisis post pandemia. Respecto de la crisis peruana, Alberto Vergara sostiene “sin reforma del poder judicial, la corrupción nos secuestró, sin reforma política, los partidos se consolidaron como vehículos de representación lumpen…sin un proyecto empático hacia la ciudadanía, ésta desprecia a sus políticos, desconfía de sus instituciones y sospecha de las grandes inversiones…”

En estas condiciones, la competencia electoral de 24 agrupaciones políticas es percibida por la mayoría de la población como la pugna por hacerse del poder para usufructuar los recursos públicos en beneficio propio y no en bien de la comunidad, ni del país. Un factor muy importante para esta percepción, es el proceso de mercantilización de la política que hemos vivido, teniendo como uno de sus mecanismos estimulantes el voto preferencial, cuya eliminación estaba planteada en la reforma política aprobada en el referéndum. El voto preferencial se instauró por Fujimori como un mecanismo pretendidamente democrático para controlar el poder las “cúpulas partidarias”, como se denominaba a las estructuras de los partidos.

En la medida que la sociedad peruana se precarizaba y las instituciones se debilitaban, devino en el instrumento ideal para que los partidos se convirtieran en “vientres de alquiler” o partidos “combi” a disposición de cualquier individuo con recursos, bien o mal habidos, permitiéndole ser inscrito para postular a los diversos cargos de elección popular, ya sea en el congreso de la república o los gobiernos locales y regionales. De esta manera, los congresistas o funcionarios electos, no tenían mayor compromiso con la ideología o los programas de gobierno presentados por los partidos políticos que los alojaban. En cuanto se lograba la elección, se instalaba, en la práctica, una autonomía difícilmente controlada por la organización y con ello, el rápido surgimiento de nuevas bancadas en el congreso. En el caso de los cargos de municipios o gobiernos regionales, una incapacidad para controlar o exigir la rendición de cuentas de las autoridades así elegidas y, de este modo, un terreno fértil para el crecimiento de la corrupción.

Volviendo al inicio, el mayor problema que confronta el país es la profundidad de la crisis y la demanda de un proceso de transformación que permita reorientar las bases de nuestro desarrollo ante el fracaso de la alternativa neoliberal y sus carencias desnudadas por la pandemia: salud, educación y empleo precarios y nula protección social a los ciudadanos. ¿Estarán los 24 partidos que postulan a la altura de las circunstancias? Por lo que viene ocurriendo con las anunciadas candidaturas, todavía no se insinúan alternativas programáticas sino imágenes publicitarias o presencia mediática, anuncios de candidaturas en curso supeditadas a elecciones internas con matices como al interior de Acción Popular.

Sorpresivas afiliaciones como la de Roque Benavides al Partido Aprista. Alianzas electorales efímeras de 7 días como el intento de APP y el PPC. Anuncios de alianzas sorprendentes como la de Hernando de Soto con sectores de la informalidad o el extremismo. Dificultades en el seno de la izquierda para la conformación de alianzas a pesar de una presencia importante en los primeros sondeos de la candidata Verónica Mendoza. Diversos sondeos recientes ubican en el primer lugar en los sondeos de opinión del ex alcalde de La Victoria George Forsyth con un 19% de las preferencias y a continuación se ubican los candidatos Urresti de Podemos, Keiko. Esta vez, no comentamos los mismos errores es un sentir de la gente ¿cómo lograrlo?

 Rodolfo Marquina Bernedo – Economista