La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe Anual 2019 de 213 páginas, suscrito por su presidente, el juez Dr. Eduardo Ferrer Mac Gregor, dio a conocer que el Estado Peruano fue el más denunciado desde 1979, ya que, en 40 años de vigencia de ese organismo continental de protección de derechos humanos en América Latina hasta el 2019, nuestro país fue el más denunciado en 49 casos. Este excesivo número de denuncias contra el Perú al ocupar el primer lugar en violación de derechos humanos, nos desprestigia como Estado ante la comunidad internacional, lo que debería dar lugar a un profundo análisis en nuestro país, ya que evidenciaría que muchas instituciones estatales tienen funcionarios públicos que desconocen sus obligaciones establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, la Constitución Política y la profusa legislación vigente en el país, por lo que ciudadanos peruanos nacidos en nuestro país y afectados en sus derechos, agotada la jurisdicción nacional, recurren a la CIDH para hacer valer sus derechos humanos.

Según el Informe Anual 2019 de la CIDH que integran 7 jueces de igual número de países, sus magistrados emitieron el año pasado, 25 sentencias, de los cuales fueron 3 los casos contra el Estado Peruano. Estos casos fueron los siguientes: Caso Muelle Flores vs. Perú, Sentencia 6 de marzo del 2019. Caso Rosadio Villavicencio vs. Perú, Sentencia 14 de octubre 2019. Caso Asociación Nacional de Cesantes y Jubilados de la SUNAT vs. Perú, Sentencia 21 de noviembre del 2019. En los Casos contenciosos en estudio al año 2019 en la CIDH, se evaluaron 43 casos contra diversos Estados por resolver, de los cuales 4 casos fueron contra el Perú. Entre ellos, Caso Rojas Marín vs. Perú, Caso Federación Nacional de Trabajadores Marítimos y Portuarios vs. Perú. Caso Nina vs. Perú. Caso Cuya Lavy vs. Perú. Caso Cordero Bernal vs. Perú.

El Informe da cuenta que la CIDH, emitió el 2019, un total de 54 resoluciones donde se evaluó el cumplimiento de las reparaciones ordenadas en cada sentencia. En el caso de Perú se supervisó los siguientes casos: Caso de trabajadores cesados de Petroperú vs. Perú, Caso Tarazona Arrieta vs. Perú, Caso Cruz Sánchez vs. Perú, Caso Munariz Escobar vs. Perú, Caso Cantoral Huamani vs. Perú, Caso Terrones Silva vs. Perú, Caso Cesti Hurtado vs. Perú, Caso García Asto vs. Perú, Caso Gómez Palomino vs. Perú. Pero, en los Casos en etapa de supervisión de cumplimiento de sentencia, la CIDH supervisó en el caso de Perú, 43 casos de supervisión de cumplimiento y 3 casos fueron archivados, seguido de Guatemala en 33 casos de supervisión de cumplimiento y 1 caso archivado y Colombia con 22 casos de supervisión de cumplimiento.

En las estadísticas del Informe Anual 2019 de la CIDH, se da cuenta cual es el número exacto de denuncias contra los 35 Estados que reconocen la competencia de la Corte Interamericana desde el año 1979. Perú ocupa el primer lugar con 49 casos, seguido de Guatemala 37, Venezuela 26, Colombia 26, Argentina 24, Ecuador 21, Honduras 15, México 14, Chile 12, Brasil 11, Paraguay 8, El Salvador 7, Bolivia 6, Nicaragua 6, Surinam 6, Panamá 5, Costa Rica 5, República Dominicana 4, Barbados 2, Haití 2, Trinidad y Tobago 2, Uruguay 2. Hay múltiples explicaciones para que nuestro Estado sea el más denunciado ante la CIDH. Una de ellas, es que en le década de la corrupción del gobierno fujimorista, con un parlamento dominado por la mayoría fujimorista, se emitieron leyes que violaron la Convención Americana de Derechos Humanos, pero también ese gobierno y sus agentes estatales, secuestraron, torturaron y asesinaron a decenas de peruanos sin respetar la legislación ni el debido proceso, por lo que ellos y sus abogados, recurrieron a la CIDH denunciando estos abusos y exigir que el Estado Peruano sea sancionado.

Tampoco pueden evadir su responsabilidad los gobiernos de Belaunde Terry, Alan García, Alejandro Toledo y Ollanta Humala. No solo ellos son los responsables, sino también altos funcionarios del poder legislativo, judicial, organismos constitucionales autónomos, entre otros, que incumplieron obligaciones de la Convención Americana de Derechos Humanos, nuestra Constitución Política y legislación vigente. Nuestro sistema de justicia, que integran el Poder Judicial, el Ministerio de Justicia, la Procuraduría de Estado, el Ministerio Público, la Policía Nacional y otros, tampoco se ha preocupado en las dos últimas décadas en evaluar, por qué razones nuestro Estado Peruano es el más denunciado, donde están los errores más frecuentes y quiénes son esos funcionarios públicos que violaron los derechos humanos de ciudadanos.

El Congreso a través de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo que por mandato constitucional debe velar por la protección de los derechos fundamentales de las personas, tampoco habrían hecho nada en las últimas décadas para evitar que más casos lleguen a la CIDH y nos desprestigiamos como Estado. Tal vez el Acuerdo Nacional sea el foro más apropiado para abordar este tema crucial al que no le prestan atención los altos funcionarios estatales, ya que las reparaciones económicas al ser sancionado nuestro Estado como violador de derechos humanos, no sale de sus bolsillos, sino de las arcas del tesoro público que pagamos todos los peruanos con nuestros impuestos. Ahora que la bancada parlamentaria de UPP presentó un proyecto de ley para que Perú se retire de la Convención Americana de Derechos Humanos y por lo tanto de la CIDH, consideró que sería un error histórico aprobar dicha decisión, ya que los peruanos estaríamos si hay gobiernos abusivos que violan derechos humanos de sus ciudadanos.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado