Por: Federico Cornali – AA – Sao Paulo.

El pasado 26 de julio, la Corte Penal Internacional, ubicada en La Haya, Holanda, recibió una petición firmada por una coalición que representa a más de un millón de profesionales de la salud -liderados por la Red Sindical UniSaúde- en la cual se manifiesta una denuncia contra el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, por “crímenes de lesa humanidad y genocidio”, debido a sus “acciones y omisiones” durante la pandemia por COVID-19.

El documento presentado, que consta de 64 páginas, señala fallos “graves y mortales” en el manejo del Gobierno brasileño de la crisis sanitaria por la COVID-19, la cual el presidente llegó a llamar de “gripecita”, pero que hoy tiene como consecuencia más de 2,6 millones de contagiados y casi 92 mil muertes por coronavirus en el país. En la denuncia también se citan la promoción que el mandatario hizo del medicamento cloroquina -sin pruebas científicas que lo corroboren- para tratar el virus, los vetos a leyes aprobadas por el Congreso para combatir la pandemia y su desprecio hacia las comunidades más vulnerables.

Este es el cuarto documento contra Bolsonaro que llega hasta el Tribunal, que recibe cada año cientos de documentos de diferentes entidades, personas y países. Ahora, la fiscalía de la Corte Internacional deberá analizar si los hechos relatados por la coalición merecen un examen preliminar, lo que sería el primer paso de un largo camino hacia la denuncia oficial. Como antecedente, cabe destacar que la Corte Internacional de La Haya hasta ahora solo ha llevado hasta el final un solo proceso por genocidio contra un presidente en ejercicio. Se trata del caso de Omar Hasan Ahmad al Bashir, presidente de Sudán de 1993 a 2019, a quien se le adjudicaban ataques contra la población no musulmana de Darfur (Sudán Occidental).

El Tribunal ya expidió dos mandatos de prisión contra Al Bashir, pero no fueron ejecutados porque la justicia local no entregó al acusado, y la Corte de La Haya solo efectúa los juicios con la presencia de la persona. Los crímenes de lesa humanidad son la otra parte de la acusación contra Bolsonaro. En este caso, para que sean tomados en cuenta por la Corte de La Haya deben ser actos inhumanos contra la población civil “que causen intencionalmente un enorme sufrimiento o afecten gravemente la integridad física o la salud física y mental”, según figura en el estatuto del Tribunal.

Pero la primera de las cuatro peticiones contra Bolsonaro que llegaron hasta La Haya fue previa a la crisis sanitaria. En noviembre de 2019, el Colectivo de Abogacía en Derechos Humanos y la Comisión Arns, entidades dedicadas a la defensa de los derechos humanos, le pidieron a la Corte que investigara el accionar y el discurso del presidente brasileño “por incitar al genocidio e incentivar ataques sistemáticos contra los pueblos indígenas de Brasil”.

La intención del documento, según el abogado José Gregori, miembro de la Comisión Arns, era alertar a la Corte Internacional, “de forma preventiva”, sobre las acciones que ponen a los indígenas en riesgo. Poco tiempo después, cuando le preguntaron por la acusación, Bolsonaro respondió con una carcajada irónica negando cualquier intención de aniquilar a los pueblos indígenas.

Las otras tres peticiones contra el mandatario sudamericano se basan en las decisiones de Bolsonaro para enfrentar la crisis por COVID-19 y fueron presentadas por la Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD), en abril de 2020, por el Partido Democrático de los Trabajadores (PDT), en junio, y por la coalición liderada por UniSaúde, el 26 de julio. Ahora bien, sobre esta última petición, algunos expertos en leyes consideran que, a pesar de que la gestión del Gobierno nacional puede ser “cuestionable”, las acciones no se encuadran con el estatuto del Tribunal y es muy probable que no sigan el proceso hacia el juicio contra Bolsonaro-

“No lo veo como un crimen de lesa humanidad, sinceramente. Puede que Bolsonaro no haya combatido la pandemia de la forma correcta, que no controló los fondos públicos que se destinaban a la contención del virus y varios otros factores negativos, pero eso es más una cuestión interna, ajena a la Corte de La Haya”, explica Clayton Pecoraro, profesor de Derecho Internacional de la Universidad Presbiteriana Mackenzie.

Pecoraro dice que “si bien es cuestionable, no hay forma de criminalizar las acciones del Gobierno durante la pandemia. Considero muy difícil que la Corte Internacional lo lleve adelante. Además, cabe aclarar que no es un proceso que se apruebe y se lleve a cabo de la noche para la mañana”. En sintonía con su colega, Gustavo Campos, profesor titular en Derecho Internacional de la Universidad de Sao Paulo (USP), considera “poco probable” que Bolsonaro tenga que presentarse en La Haya en un futuro inmediato, por lo menos en lo que a esta última denuncia se refiere. Se puede decir que hubo una política de gestión de la situación penosa y negligente, que Bolsonaro solo obstaculiza el trabajo de los profesionales de la ciencia y el personal de salud, que por todos esos factores aumentan las víctimas, pero nada de eso se encuadra en genocidio o crimen de lesa humanidad”, explica Campos.

“A mi entender, este reclamo de UniSaúde y las otras tres quejas contra Bolsonaro no van a pasar del análisis preliminar; serán eliminadas en primera instancia. Eso queda claro si se tiene en cuenta el estatuto y los antecedentes de la Corte Internacional”, agrega el abogado. Sin embargo, ajeno a lo estrictamente jurídico, existe entre los analistas políticos un consenso y es que, aunque las quejas contra Bolsonaro en La Haya no prosperen, serán un nuevo “factor de desgaste” para el presidente y su círculo íntimo de cara a las elecciones nacionales de 2022. “Al ser no una sino varias quejas internacionales, la repercusión que se genera es, obviamente, negativa para el presidente. Por más que sea improbable un proceso en su contra a nivel internacional, su imagen sí se ve afectada en el exterior con las denuncias”, opina Glaucio Peres, licenciado en Ciencias Políticas y profesor en la Universidad de Sao Paulo.

“Ahora bien, teniendo en cuenta la polarización que Bolsonaro provoca en Brasil entre sus seguidores y sus detractores, no cambia mucho el mapa fronteras adentro. Quienes lo critican tienen un motivo más para hacerlo y quienes lo idolatran dirán que es otra forma de perseguir políticamente al actual presidente”, dice Peres. “De cara a las elecciones de 2022 es difícil precisar algo ahora, porque falta mucho y en el escenario nacional todo es demasiado dinámico, pero es posible que no afecte demasiado y que esta acusación se olvide rápidamente, de uno y otro lado”, agrega.
Según el último informe del Consejo Federal de Enfermería (Cofen), 304 técnicos y ayudantes de enfermería fallecieron en Brasil desde marzo, cuando la enfermedad comenzó a propagarse por el país. “Sabemos que es difícil cualquier tipo de avance con la Corte Internacional y no nos interesa entrar en el campo político, pero necesitamos mayor visibilidad para la situación de los profesionales de salud. Lo que la coalición pretende es que el Gobierno sea cohibido de continuar siendo tan negligente”, explica Ana Paula Maia, técnica de enfermería y delegada del Sindicato de los Empleados en Establecimientos de Servicio de Salud (Sindeess). “Estamos en un campo de guerra. No sabemos si vamos a vivir o morir”, agrega.