El último mensaje a la nación del presidente Vizcarra del 28 de julio, no fue agresivo, ni confrontacional. Fue propositivo, concertador, pero tuvo omisiones y careció de autocrítica. Vizcarra debió precisar, porqué razones no redujo el IGV al 15%, no reformó el Poder Judicial, ni creó el Ministerio de Apoyo a los gobiernos regionales como planteó PPK en el plan de gobierno 2016-2021 cuando Vizcarra postuló como candidato a primer vicepresidente. A los políticos les cuesta sincerarse ante la opinión pública y reconocer errores u omisiones en la gestión gubernamental. Mientras actúen así, su credibilidad ante los ciudadanos decrecerá y la pérdida de confianza, es el peor error de los políticos, ya que el mayor capital político de quienes ejercen cargos públicos, debe ser su credibilidad, lo que supone rendición de cuentas a modo de balance general, donde señalen, lo positivo, lo negativo y los asuntos pendientes de cumplimiento, lo que no ha hecho el actual inquilino de palacio de gobierno.

Hay que mucho que analizar del último mensaje presidencial y me voy a centrar en un breve análisis de la convocatoria a los partidos políticos para suscribir el “Pacto Perú” que anunció el Jefe de Estado el cual tendría cinco ejes, ya que está fue una propuesta del Consejo de Estado rumbo al Bicentenario 2021. Entre dichos ejes, Vizcarra propone un acuerdo para la construcción de un sistema unificado de salud, garantizar la calidad educativa, promover el crecimiento económico sostenible, continuidad de la reforma política y del sistema de administración de justicia y lucha contra la pobreza en el país. Vizcarra no está bien asesorado ya que su propuesta del “Pacto Perú”, tiene inconsistencias.

Tal vez le aconsejaron que lo anuncie al país en el mensaje a la nación para que su nombre pase a la historia, como el gestor del consenso nacional al cumplir nuestra patria 200 años de vida republicana. Precisemos. El Perú ocupó el puesto 65 de 141 países examinados en el Ranking Global de Competitividad 2019 elaborado por el World Economic Fórum. Pero, el indicador más preocupante fue sobre institucionalidad donde Perú se ubicó en el puesto 94. Es decir, estamos “jalados” en institucionalidad a nivel mundial, ya que los peruanos no creemos en las instituciones públicas por múltiples razones y sin institucionalidad, nuestro país estará incompleto y esa, es una política de estado que el presidente de la república no puede ignorar.

El Acuerdo Nacional (AN) fue creado por el presidente Toledo mediante el D.S. 105-2002-PCM donde los grupos políticos, sociedad civil, organizaciones religiosas, empresariales, sindicales, colegios profesionales, organizaciones regionales y el gobierno nacional, crearon el 2002, un foro de diálogo al 2021 para formular políticas de Estado que sirva de base para la transición y consolidación de la democracia, la afirmación de la identidad nacional y el diseño de una visión compartida del país al futuro. El AN desde el 2002 al 2020, aprobó 35 políticas de Estado que los sucesivos gobiernos desde Toledo hasta Vizcarra, no han dado total cumplimiento. Es decir, el AN tiene una partida de nacimiento legal a través de un D.S.  ¿Cuál es el error político y jurídico de Vizcarra?

El artículo 118, inciso 1, de la Constitución, señala como deber del mandatario nacional, “cumplir y hacer cumplir la Constitución, los Tratados, Leyes y demás disposiciones legales”. ¿El Jefe de Estado puede desconocer un decreto supremo y desacatar una obligación constitucional? ¿Vizcarra no está socavando la institucionalidad del AN que es el foro de diálogo y concertación nacional de los peruanos? ¿Vizcarra no está alentando que el Congreso no le otorgue confianza el 03 de agosto al primer ministro Cateriano cuando exponga su política de gobierno por no respetar la Constitución con su propuesta de “Pacto Perú”? ¿Vizcarra no debería fortalecer y darle continuidad al Acuerdo Nacional y ratificar su respeto a la institucionalidad vigente?

El presidente, también atenta contra el primer objetivo nacional del Perú del Acuerdo Nacional sobre Democracia y Estado de Derecho y concretamente, contra la política de Estado 4, que obliga a los gobernantes y gobernados a institucionalizar el dialogo y la concertación nacional. El Jefe de Estado anunció que convocará a los partidos políticos como si ellos fueron los únicos salvadores de la nación, cuando el Estado lo integran los partidos, los gremios, las universidades, los colegios profesionales, las iglesias, los municipios y regiones, es decir la sociedad peruana en su conjunto. Vizcarra ignora y ningunea a la participación ciudadana que debería ser su mejor aliado para la gestión gubernamental. Son los partidos políticos que han gobernado al Perú desde que nacimos como Estado y fracasaron por incapacidad y corrupción.

El presidente cometería un error histórico de convocar solo a la partidocracia ignorando a la sociedad civil. Finalmente, el Consejo de Estado no está en la Constitución ni en la legislación vigente y fue utilizado como “bombero” ante graves crisis en los últimos 20 años en el país por los Jefes de Estado, quien se reunía con los jefes de los poderes públicos y organismos constitucionales autónomos para escuchar sus sugerencias. En los hechos, era una reunión de “tíos”, donde estaba ausente los representantes de la sociedad civil que deberían formar parte del Consejo de Estado. Ha llegado el momento de reformar la Constitución y constitucionalizar el Acuerdo Nacional en lugar del “Pacto Perú”, no solo como órgano de concertación, sino de vigilancia para que los poderes públicos rindan cuentas de las políticas de Estado que han ejecutado con el presupuesto de todos los peruanos y las proyecciones que tienen, para que los ciudadanos estemos informados oportunamente, pero también para que se consolide la institucionalidad en el país. Salvo mejor parecer.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado