Al final de la primera legislatura del 2020, el Congreso aprobó por una amplia mayoría, el dictamen presentado por la Comisión de Constitución para modificar el Art. 16º de la Constitución Política, agregando en su último párrafo el siguiente texto: “…La educación es derecho humano fundamental que garantiza desarrollo de la persona y de la sociedad por lo que el Estado invierte anualmente no menos del 6% del producto bruto interno”. En vista de que se trata de una reforma constitucional, se necesita que tal dictamen sea sometido a segunda votación en la legislatura actual.

La decisión se tomó en el contexto de la  crisis pandémica que está provocando una serie de efectos personales, sociales, económicos, políticos, pedagógicos y culturales, además de haber visibilizado   y profundizado las injustas e históricas desigualdades que afectan a la población más humilde; pero también ha despertado la necesidad de realizar transformaciones paradigmáticas de la “normalidad” o “anormalidad” anterior; pues como en toda  crisis lo que debe morir no termina de hacerlo, al tiempo que lo que en ella está germinando no termina de nacer(Gramsci). El desafío es cambiar, haciendo morir los egoísmos e inequidades y fertilizar el florecer de la justicia y la solidaridad.

La medida congresal, ha generado posiciones diversas, desde el franco beneplácito hasta su severo cuestionamiento, entre ambos extremos habría varios matices de posiciones atravesadas por las declaraciones de la Ministra de Economía, María Alva, en el sentido de que tal decisión carece de «sustento técnico, tiene visos de inconstitucionalidad y afecta el presupuesto público…” y que el Ejecutivo evaluaría la presentación de una acción de inconstitucionalidad.

Incluso hay quienes cuestionan que el porcentaje no debería estar referido al PBI, pues este indicador   puede disminuir (expertos estiman que el PBI en Perú disminuirá en aproximadamente 12 % en el 2021)    y consecuentemente afectaría al presupuesto destinado a la educación. La validez del uso del PBI como referencia, lo tendrán que analizar los especialistas, pues si de refutar se trata, tendríamos que cuestionar el propio PBI como indicador, ya que soslaya las desigualdades y “… mide todo salvo aquello por lo que merece la pena vivir” (Kennedy, R., citado por OXFAM, 2017, p. 8). No obstante, el PBI es un referente a nivel mundial para calcular el gasto en educación.

El actual Congreso, si bien se distingue del anterior por no repetir el inmoral “blindaje” de personajes ligados con la corrupción, muestra apresuramiento y populismo en algunas de sus decisiones; sin embargo, no se debería rechazar la medida de constitucionalizar la política incorporada en la Décimo Segunda Política de Estado, aprobada en el Acuerdo Nacional (2001); igualmente normada en  el artículo 83º de la Ley 28044 -LGE (2003); considerada en el PEN – Proyecto Educativo Nacional (2007) y  solicitada reiterativamente por las organizaciones de la Sociedad Civil, particularmente las magisteriales, para destinar no menos del 6 % del PBI para la educación.

En las últimas décadas, Perú ha evidenciado un permanente crecimiento económico, pero que lamentablemente únicamente favorece a quienes mayor poder económico tienen, además de haber descuidado la función social del Estado (el  porcentaje del PBI para educación creció paquidérmicamente de  2,6 % del PBI en el 2000 al 3.5% en el 2018) (MINEDU-Escale), provocando escases del presupuesto para el sector y su asfixiante  centralización, acompañado de deshonestidad e ineficiencia en su utilización, lo que trajo consigo el agravamiento del deterioro de la educación pública, mientras el espíritu de lucro se enseñoreaba en la proliferación de la educación privada, alentados por el D.L. Nº 882 de 1996; ante la impotencia e indignación de constatar cómo la educación dejaba de ser un derecho para convertirse en mera mercancía.

Lo peor, es que también se ha generado una desatinada segmentación de la educación nacional, en perjuicio de las poblaciones más pobres, propiciando archipiélagos separados en un mar de desencuentros: educación pública vs. privada, rural vs.  urbana, sin contar con los desatendidos por el sistema (niños y jóvenes trabajadores, personas con discapacidad, etc.); lo cual no contribuye a lograr la cohesión que debería existir en el marco de una educación humanista. Incluso dentro de la misma educación pública hay discriminación de algunas modalidades como Básica Alternativa (EBA), Especial (EBE); para colmo, en Básica Regular, se distinguen tres “parcelas” con presupuestos diferenciados: el gasto por estudiante en EBR asciende a 4,284 soles, en el modelo de Jornada Escolar Completa (JEC)  es de aproximadamente  5,300 soles y en los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) es de 27,907 soles (MINEDU, 2019); exacerbando aún más las hirientes disparidades, en lugar de combatirlas.

Asimismo, la crisis está permitiendo abrir los ojos y leer la realidad reflexivamente, reconociendo que deberíamos asumir nuevas formas de pensar, de vivir y de convivir de manera empática y con respeto al otro y a la naturaleza; implica nuevas formas de estructurar y gastar el presupuesto público. Perú está a la zaga del % del PBI para educación (3.5 en el 2018), mientras Brasil destina el 6,2 %, Chile el 5,4 % y Ecuador el 5,0% (Banco Mundial). Es urgente la necesidad del incremento presupuestal y reivindicar el derecho a la educación, para que deje de tener fines de lucro.

Por ello  satisface  escuchar intenciones para que el Estado privilegie la atención de los seres humanos, antes que lo material, ello implica  un mayor interés por lo público; en ese sentido, destaca lo acontecido recientemente con el lanzamiento de  la “Movilización social para fortalecer la Educación Pública”, liderada por Foro Educativo, ello constituye una excelente iniciativa “para garantizar el derecho a la educación de calidad para todos y todas”, lo que conlleva, entre otros aspectos, a contar con mayores recursos financieros para la  educación a fin de enfrentar decididamente los oprobiosos niveles de desigualdad, pobreza, corrupción y violencia.

No solo es  importante el cuánto se invierte en educación, también lo son,  en qué,   cómo  y dónde se invierte; en la coyuntura actual, se tiene la valiosa oportunidad de acelerar los cambios hacia una educación liberadora a favor de los seres humanos y la naturaleza, por lo que sería absurdo, tener más recursos para seguir haciendo más de lo mismo, olvidando que la crisis gigantesca que hoy sufrimos, “lleva en si todos los peligros del desastre, pero también las posibilidades de metamorfosis” (Morín, 2016).

Por ello no basta con decretar no menos del 6% del PBI para educación, sino que debería ser parte de un conjunto de políticas y acciones, holísticamente estructuradas, para que el fin esencial de la educación sea el de coadyuvar a humanizar la humanidad, formando personas éticas, críticas, creativas y solidarias que cambien el mundo. No se trata de formar estudiantes para “escapar” de la pobreza; sino para terminar con las inequidades y vivir dignamente, desarrollando integralmente sus potencialidades y valores para innovar, producir y consumir en armonía con el medio ambiente, fortaleciendo su ciudadanía.

Del mismo modo, es perentorio determinar el costo de la inversión por estudiante en las diversas etapas, niveles y modalidades educativa, así como en áreas poblacionales; implementar políticas presupuestales de discriminación positiva y terminar con la segmentación vigente. La prioridad debería ser “acabar con las desigualdades y fortalecer la educación pública” (Foro Educativo), ello demanda mejorar la formación y dignificación magisterial, dotación de adecuada infraestructura y equipamiento, garantizando la universalización de los servicios de agua, saneamiento, energía eléctrica e internet para todas las escuelas, complementando con servicios de salud y alimentación. Para ello no solo es necesario presupuesto suficiente, sino de un trabajo ético, multisectorial y comprometido con el cambio.

En cuanto al financiamiento, merece mayor discusión, pues hoy la presión fiscal llega a 16.4% del PBI, al respecto el PEN señala que la presión tributaria “…debe llegar a 18% para que se pueda dar aumento al presupuesto del sector educación en un 6%”; por lo que es ineludible implementar una tributación más justa haciendo que los que más tienen tributen más, así como una mejor conciencia tributaria de todos; paralelamente repensar la estructura presupuestal otorgando prioridad a Educación y Salud.

Aunque, en una etapa de pandemia, es poco probable que, en el corto plazo, pueda cumplirse con el cambio constitucional propuesto, la opción de una gradualidad razonable para alcanzar la meta de “no menos del 6%”, debería estar presente en el debate.  Lo fundamental es tener la voluntad de cambiar, pues “Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” (Einstein).

Arturo Portilla Valdivia – Profesor de Gestión Educativa y Doctor en Educación