El “Acuerdo de Escazú” ha generado controversia y división en el país a pocas semanas que la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso inicie el debate para ver si ratifica o no este Tratado Internacional que promueve el acceso a la información, la participación pública y la justicia en materia ambiental en los Estados de América Latina y el Caribe. El Tratado es el nombre de una ciudad de Costa Rica donde se firmó el año 2018 promovido por la ONU con la firma de 22 países, cuando fue Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz. El Acuerdo señala que, para entrar en vigencia, los Estados deben ratificarlo lo que necesariamente debe pasar por el Congreso Nacional mediante una resolución legislativa, previo dictamen de la Comisión de Relaciones Exteriores.

Varios gremios empresariales como, la Sociedad Nacional de Industrias, la Asociación de Exportadores del Perú, la Cámara de Comercio de Lima y Perú Cámaras, expresaron su oposición a la ratificación del Acuerdo de Escazú, ya que, según Carlos Durand, de Perú Cámaras, “el país se expone a perder su soberanía nacional, crea inestabilidad jurídica, afecta el principio de predictibilidad y puede afectar las inversiones que necesita el Perú”. La Cámara de Comercio Americana del Perú mediante una carta enviada a la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso Nacional, señaló que “el Acuerdo de Escazú no debe ratificarse ya que tiene términos jurídicos imprecisos, lenguaje vago, hay un cambio de modelo de desarrollo que parece interés ideológico, y la conexión entre temas ambientales y derechos humanos vinculantes en instrumentos internacionales y la imprecisión de esos compromisos, son razones para que no se apruebe dicho Acuerdo hasta que no haya un debate claro y preciso”.

Para algunos analistas ambientales, los argumentos de los gremios empresariales no son una novedad, ya que ellos solo defienden sus intereses económicos ya que reúnen a empresas mineras y petroleras interesados en extraer y explotar recursos naturales, por lo que han ingresado a una campaña desinformativa al declarar que la ratificación del Acuerdo de Escazú generaría la exposición del 60% del territorio de la amazonia afectando sus inversiones. El ex ministro de Relaciones Exteriores, Gustavo Meza Cuadra, en oficio de la Cancillería al Congreso Nacional, afirmó que “el Perú ya reconoció el Protocolo adicional de la Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales conocido como Protocolo del Salvador, se aprobó la ley de acceso y transparencia a la información pública y la creación de fiscalías especializadas en temas ambientales, por lo que la ratificación será un instrumento internacional que el Estado Peruano debe respetar y cumplir”.

Entre tanto la ex ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, afirmo meses atrás que “el Acuerdo le conviene al país ya que fortalece la legislación ambiental y no la debilita, por lo que los empresarios deberían comprender que ahora habrá más derecho a la participación ciudadana, mayor transparencia para prevenir conflictos ambientales, y que dicho tratado no ahuyenta las inversiones ya que la Organización para la Cooperación y Desarrollo recomendó suscribirse años atrás”.  El nuevo Ministro de Relaciones Exteriores, Mario López Chavarri, será citado en las próximas semanas a la Comisión de Relaciones Exteriores para expresar la posición oficial del gobierno del presidente Martín Vizcarra. Se espera que la Comisión de Relaciones Exteriores invite a expertos de instituciones públicas, privadas, gobiernos y especialistas ambientales antes de emitir un dictamen ante el Pleno del Congreso que finalmente tomará la decisión de ratificar o no ratificar el Acuerdo de Escazú.