El grupo parlamentario de “Unión por el Perú” presentó  un proyecto de ley de dos artículos que autoriza la convocatoria a una Asamblea Constituyente para lo cual debe autorizarse en forma extraordinaria al Presente a Convocarla y las respectivas elecciones de sus representantes con el único objetivo de elaborar una nueva Constitución Política en plazo de seis meses. El proyecto precisa que se autoriza al poder ejecutivo a determinar el número, procedimiento, normas y demás condiciones para la conformación y funcionamiento de la Asamblea Constituyente.

En la exposición de motivos, el proyecto refiere que la Constitución de 1993 nació de una dictadura civil con el apoyo y sujeción  de las Fuerzas Armadas que cambio la estructura económica del Estado dejando de ser empresario para convertirlo en regulador quienes impulsaron un proceso de privatización en el país que generó corrupción, por lo que hay grupos de familias oligarcas que manejan la economía por lo que es necesaria la elaboración de una nueva Asamblea Constituyente. Remarcan que en anteriores periodos legislativos se presentaron algunos proyectos similares que no fueron aprobados por grupos políticos interesados en no modificar la Carta Magna, ni convocar a Asamblea Constituyentes por intereses políticos e ideológicos.

Entre tanto el grupo parlamentario de Acción Popular también presentó el proyecto de ley para la convocatoria a un referéndum para la reforma total  o parcial y la elaboración de una nueva Constitución Política, la que se efectuará conjuntamente con las elecciones generales al presidente de la república, congresistas y parlamentarios andinos. En la exposición de motivos del proyecto, afirman que la crisis sanitaria producto del COVID 19 ha puesto en evidencia las debilidades del Estado Peruano y sus limitaciones respecto a la salud, publica, educación, y servicios de luz, agua y telefonía que está en manos del sector privado, privatizados por el gobierno corrupto de Fujimori.

Sostienen que el modelo económico de la Constitución confirió al Estado solo un rol subsidiario y supletorio, existiendo organismos reguladores que fiscalizan a servicios públicos, pero no pueden supervisar tarifas, siendo una prueba de ello el cobro de peajes que pese a la pandemia sanitaria, no redujo sus costos a los transportistas que circulan por la red vial nacional cuando los otros sectores económico productivos se vieron afectados por el COVID 19. Por esas razones y otras, Acción Popular considera que a más de 25 años de vigencia la actual Constitución, es necesario que le consulte al país vía referéndum para que los peruanos se pronuncien en las ánforas si están de acuerdo con una reforma total o parcial de la Carta Magna, ya que en un Estado Democrático, el soberano que es el pueblo es el que debe decidir su destino, lo cual está en concordancia con Pactos y Convenios Internacionales donde el pueblo debe definir si ratifica o modifica su Constitución Política.