El Congreso Nacional de Chile integrado por la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, acordó en forma consensuada entre todas las bancadas parlamentarias postergar el referéndum inicialmente programado para el 26 de abril para el próximo 25 de octubre anunció la presidenta del Senado, Adriana Muñoz, ante el avance de la pandemia del corona virus en dicho país en las últimas semanas que decretó el presidente Sebastián Piñera. Un total de  de 14 millones 695 mil 245 chilenos deberán sufragar y definir si se cambia o no la actual Constitución que tiene 129 artículos y que fue aprobada en un polémico plebiscito el 11 de setiembre en 1980 en el gobierno dictatorial de Pinochet que entró en vigencia el 11 de marzo de 1981, la que tuvo más de cuarenta modificaciones en las últimas cuatro décadas. Chile logró su independencia en 1818 y en los 202 años de vida republicana, ese país tuvo 10 Constituciones.

La mayoría de partidos políticos está de acuerdo con aprobar una nueva Constitución, mientras que una minoría está en contra de aprobar la nueva Carta Magna, en tanto que una tercera opción está de acuerdo con una Convención Mixta Constitucional, según los resultados de las encuestadoras en la primera semana de mayo. El referéndum fue una de las principales demandas de la sociedad civil en octubre y noviembre 2019 luego de una rebelión civil que costó la vida de 24 personas que provocó miles de heridos en todo el país, luego que fracasara el incremento de las tarifas del transporte público e hizo retroceder al gobierno en el sinceramiento económico. Los chilenos culparon a los políticos conservadores de la redacción de la actual Constitución que es el origen de las desigualdades sociales en ese país que algunos analistas llegaron a considerar como “modelo neoliberal exitoso” en Sudamérica que redujo al Estado a un rol secundario y concedió ventajas a los grupos económicos en la provisión de los servicios de educación, salud, transportes y pensiones que se encarecieron abusivamente en las últimas décadas.

El Presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral de Chile, Patricio Santamaría, informó que en el plebiscito del 25 de octubre de abril, participaran más de 14 millones de electores en las 16 regiones que tiene dicho país. Fueron los ciudadanos y no los políticos chilenos quienes, en diversas movilizaciones y enfrentamientos con las fuerzas del orden, demandaron el cambio de la Constitución. El 21 de octubre del 2019 diversos líderes sociales, artistas y políticos, plantearon la necesidad de implementar una Asamblea Constituyente para salir de la crisis política, económica y social que obligó en el mes de noviembre 2019 a la Asociación Chilena de Municipalidades, efectuar consultas populares que se realizó en diciembre donde se preguntó a los ciudadanos, si estaban de acuerdo o no en la elaboración de una nueva Constitución, siendo el respaldo mayoritario a favor de una nueva Carta Magna.

Ante esta demanda mayoritaria del pueblo mapochino, fue el Ministro del Interior, Gonzalo Blumel, quien anunció la implementación de un proceso para la redacción de una nueva Constitución mediante un Congreso Constituyente previa realización de un Plebiscito ratificatorio. Los partidos políticos se dividieron, ya que unos estaban a favor y otros en contra de una nueva Carta Magna. Fue la presión popular que obligó a la Cámara de Diputados que el 18 de diciembre aprobó la reforma constitucional y al día siguiente hizo lo propio la Cámara de Senadores, promulgándose la Ley 21,200 suscrita por el Presidente Sebastián Piñera el 23 de diciembre del 2019.

El 27 de diciembre el Presidente Piñera firmó el decreto supremo convocando oficialmente al plebiscito donde los ciudadanos chilenos deben responder en dos papeletas las siguientes preguntas. 1.- ¿Quiere usted una nueva Constitución? Los electores deberán responder “Apruebo” o “Desapruebo”. 2.- ¿Qué tipo de órgano debería redactar la nueva Constitución? La respuesta de los ciudadanos será “Convención Mixta Constitucional”, donde el 50% de la Asamblea estaría conformada por el 50% de constituyentes elegidos en forma directa y 50% por miembros del actual Congreso, o “Convención Constitucional”, donde el 100% de miembros sean constituyentes elegidos por el pueblo.

Diez son los cambios más urgentes que exigen los chilenos de su actual Carta Magna, a quien consideran una “herencia nefasta” de la dictadura pinochetista. Entre ellas las siguientes: 1.- obligar al Estado que sea garante del bienestar social del pueblo, 2.- garantizar que la soberanía recaiga inequívocamente en el pueblo, 3.-definir claramente que el pueblo tiene derecho a la salud pública, 4.- declarar a nivel constitucional el derecho a la educación pública y sin costo, 5.- reformar el sistema tributario y terminar con la desigualdad, 6.- eliminar el concepto de terrorismo para evitar su politización por los gobiernos, 7.- que el Estado garantice pensiones dignas para los trabajadores, 8.- defender los recursos naturales y medioambientales del país, 9.- reconocer a nivel constitucional a los pueblos originarios, 10.- proteger la libertad de expresión y la pluralidad de la prensa.