Todo Estado Democrático moderno para ser catalogado como tal, requiere reunir ciertos requisitos. Entre ellos, que sus poderes públicos gocen de legitimidad y legalidad (poder ejecutivo, legislativo y judicial), sus diversos niveles de gobiernos sean autónomos (gobierno nacional, regional y municipal), exista amplia libertad de prensa  de los medios de comunicación y de expresión de los ciudadanos, se respeten los derechos humanos de las personas y organizaciones jurídicas, haya elecciones periódicas donde el pueblo elija libremente a sus autoridades, etc. Una de las instituciones tutelares de cualquier país, es el Congreso Nacional que aunque sea impopular, es indispensable porque puede servir al contrapeso de poderes públicos en un Estado soberano y autónomo.

El Congreso Nacional es necesario con mayor razón hoy cuando los gobiernos nacionales han declarado Estado de Emergencia o Estado de Alarma nacional y atraviesan por diversos tipos de crisis como la crisis sanitaria global que hoy padecemos. Si los Congresos han sido impopulares en el mundo y en nuestro país, es porque está en crisis nuestra sociedad moderna y una de esas razones es la crisis de valores en sus diversos niveles sociales. El Congreso una de las principales instituciones del Estado y la sociedad y lo que ha fallado es la crisis de representación, del cual son responsables los partidos políticos que no han sabido seleccionar a sus mejores cuadros políticos, pero del cual no podemos rehuir los ciudadanos al no saber elegir a los mejores, dejándonos llevar por el marketing político de los candidatos y no escudriñar su trayectoria política.

Por lo tanto, sin parlamento no hay democracia en cualquier Estado del Mundo. Hoy todos los gobiernos del mundo (el presidente de la república que representa al poder ejecutivo), han tomado y tomarán decisiones urgentes ante la pandemia mundial en los próximos meses, tanto en el plano jurídico, económico, social, laboral, de salud pública, de seguridad, etc., y lo hacen en nombre del interés nacional. En estados de emergencia como hoy atravesamos, las Constituciones les asignan excesivos poderes constitucionales al gobierno nacional, por lo tanto, el Jefe de Estado, concentra excesivo poder e incluso con acuerdo del consejo de ministros, restringen derechos fundamentales. No solo eso, el gobierno nacional puede disponer de todos los recursos del tesoro público de un país y puede adoptar decisiones a favor de los grupos económicos o de poblaciones vulnerables.

Generalmente, en los países subdesarrollados como el nuestro, predomina el modelo neoliberal, donde las transnacionales y grupos económicos buscan conservar sus privilegios legales, tributarios, laborales, ya que su poder económico penetra a algunos ministerios del poder ejecutivo, a  algunos congresistas de los partidos políticos, algunos medios de comunicación que siempre invitan a sus paneles informativos a los “expertos e independientes”, y no a los “radicales y extremistas” que cuestionan el modelo neoliberal. Aún en tiempos de emergencia, los ídolos del dios “mercado”, salvo contadas excepciones, no se compadecen ni tienen misericordia por el pueblo. Lo estamos comprobando hoy, cuando se resisten a que un porcentaje de los aportes de los trabajadores puedan ser devueltos por las AFPS pese a que dicha ley lo aprobó el Congreso Nacional que representa al soberano.

Lo observamos con impotencia cuando el gobierno destina 30 mil millones de soles para que sea manejado por el sistema bancario y financiero tradicionalmente usurero. Ante este panorama de incertidumbre social, los de abajo se dan cuenta rápidamente quienes gobiernan para los de arriba, sin que necesariamente tengan instrucción superior ni académica. El excesivo poder del gobierno nacional, tiene que tener un contrapeso que en nombre del pueblo,  revise minuciosamente cada una de las decisiones que adoptó el poder ejecutivo. Con mayor razón hoy que en algunos medios de comunicación se han denunciado actos de corrupción en el Ministerio de Salud y Ministerio del Interior que el Congreso en su función de control político deben actuar, al igual que la Contraloría y la Fiscalía de la Nación, en claro cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y leyes orgánicas.

¿En qué poder público estatal el poder económico puede encontrar a un enemigo de sus intereses económicos? ¿No lo hemos comprobado cuando la prensa mediática de Lima denominó al Congreso como populista y anti técnico cuando ese poder del estado aprobó el retiro del 25% de los aportes de las AFPS buscando desacreditarlos ante el pueblo? El Congreso no debe ni puede claudicar de su atribución legislativa de revisar las decenas de decretos legislativos y de urgencia, así como resoluciones supremas que aprobó el gobierno de Vizcarra en esta pandemia, y si fuera necesario, oportunamente, derogar esas normas jurídicas que contravienen la Constitución. El Congreso tiene la obligación de fiscalizar y efectuar control político a cada una de las decisiones del poder ejecutivo, de los gobiernos regionales y municipales.

Ese es su deber constitucional en representación del soberano. Legislar, fiscalizar y representar al pueblo aún en tiempos de crisis y pandemia. Somos un Estado Constitucional de Derecho y no somos un Estado Autoritario ni mucho menos Totalitario donde el Jefe de Estado es un Rey ni Emperador. Pero, el Congreso tampoco puede excederse de sus atribuciones constitucionales como lo fue el Congreso fuji-aprista disuelto constitucionalmente. Ambos poderes públicos tienen el deber de colaboración y cooperación institucional pensando siempre en el bien común de los peruanos. En Estados de Emergencia Nacional, no puede desconocerse las atribuciones del Congreso Nacional porque el ejercicio parlamentario en un Estado Democrático es sinónimo de Democracia.