Brasil atraviesa hoy por graves problemas internos de imprevisibles consecuencias que ha polarizado a su clase política y ciudadanos, principalmente por la irresponsable conducción del presidente Jair Bolsonaro ante la crisis sanitaria por la pandemia del COVID. La mega crisis sanitaria, política, económica y social se agudizó la semana pasada luego que su “ministro estrella” Sergio Moro, renunciara públicamente en conferencia de prensa al Ministerio de Justicia, denunciando que el Jefe de Estado incumplió su compromiso de no destituir al Jefe de la Policía Nacional que investigaba casos de corrupción de personajes afines al mandatario.

Bolsonaro respondió textualmente ante la renuncia de Moro que “una cosa es admirar a una persona, otra cosa es convivir con ella ya que el ministro era un ególatra oportunista con amagos de insubordinación. Sergio Moro tiene un compromiso consigo mismo y su ego y no con Brasil” remarcó el mandatario. Moro acusó en conferencia de prensa a Bolsonaro de injerencias políticas al querer destituir al Jefe de la Policía Federal Mauricio Valexiao que investigaba a diputados oficialistas e hijos del mandatario brasileño y no querer combatir la corrupción, mejorar la seguridad y relanzar la economía que fueron un compromisos políticos en las elecciones del 2018 ante los electores brasileños. Moro indicó que “el presidente me dijo que quería colocar una persona afín, que le pudiese pasar informaciones de inteligencia. El papel de la policía no es facilitar ese tipo de información. Es más, el presidente me aseguró que el jefe policial no sería destituido salvo que cometa una falta grave lo que no ha cumplido”.

La renuncia de Moro indignó al país carioca, ya que Bolsonaro cesó sorpresivamente en su cargo una semana antes al ministro de salud, Luis Enrique Manddeta, quien era partidario del aislamiento social, aunque no se refería al mandatario brasileño para no contradecirlo públicamente, lo que ocasionó que se registren más 55 mil infectados y la muerte de más de 4,000 mil personas hasta el domingo 26.  Pero la sorpresiva renuncia del ministro de justicia, Sergio Moro, ha puesto en jaque al gobierno de Bolsonaro, y lo más delicado es que está en riesgo la estabilidad política, económica y social de ese país y la gobernabilidad, por las decisiones irracionales del presidente de ultraderecha de Brasil, quien acusa a todos a quienes discrepan de sus decisiones. Analistas brasileños no descartan que el ministro de economía sea la próxima víctima política de Bolsonaro, ya que conjuntamente con el ministro de salud y justicia, eran los que gozaban de popularidad en el gabinete ministerial según la encuesta del Instituto Atlas Político, que dio a Moro el 53% de aprobación y a Bolsonaro solo el 39% de aprobación a su gestión.

Las acusaciones y denuncias contra Bolsonaro ante el cese del ministro de salud y posteriormente del ministro de justicia, se incrementaron en las últimas horas, lo que podría dar lugar que en los próximos meses la situación en Brasil se convulsione, dividiendo mas esa sociedad que mayoritariamente está irritada contra el presidente brasileño por no manejar desde el gobierno regional con responsabilidad la crisis del corona virus, que ha generado enfrentamientos con gobernadores regionales e incluso ex aliados políticos que lo llevaron al poder.

Nunca un gobernante brasileño como Bolsonaro en la historia política de ese país, ha tenido tantas acusaciones en menos de dieciséis meses en el poder ejecutivo, incluso antes que la pandemia sanitaria se agudice. En las últimas semanas se han presentado múltiples acusaciones contra el mandatario brasileño. El 19 de marzo, el diputado Alexandre Frota del Partido de la Social Democracia Brasileña, presentó una solicitud de destitución de Bolsonaro al acusarlo de múltiples delitos. Entre ellos, por “delito de responsabilidad” por atacar a los poderes legislativo y judicial al llamar a sus partidarios a protestas contra esos poderes estatales, así como crímenes contra la salud pública al ignorar la orientación de estar aislados socialmente por el corona virus y participar con sus seguidores en un acto político a favor del gobierno que desafiaba el aislamiento social.

El 3 de abril, la Asociación Brasileña de Juristas presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional contra el presidente Bolsonaro por “crímenes de lesa humanidad por exponer la vida de ciudadanos con acciones concretas de oposición al aislamiento social que aumentan el contagio y proliferación del virus, no debiendo aceptarse la impunidad del jefe de estado”. Mediante comunicado, esa asociación refiere que el mandatario brasileño minimizó desde el principio la pandemia al calificarla de “gripecita” comparándola con la muerte de accidentes de tránsito y que en sus discursos Bolsonaro se enfrentó a los gobernadores de estados que habían declarado el aislamiento social para proteger a los ciudadanos.

EL 20 de abril, mediante una Carta Abierta, 20 de los 27 gobernadores de los estados federales de Brasil, condenaron públicamente al presidente Bolsonaro “por promover una intervención militar en el día del ejercito en un acto público y el cierre del Congreso Nacional, y por insistir en la reapertura del comercio y las escuelas públicas en medio de la crisis sanitaria provocado por el corona virus y desafiar públicamente las recomendaciones de la OMS”.

El 22 de abril, mediante un comunicado oficial el Tribunal Supremo Federal anunció que aceptó el pedido del Procurador General de la República, Augusto Aras, quien solicitó investigar “una posible violación a la ley de seguridad nacional en los actos públicos del 19 de abril donde participó Bolsonaro donde exaltó a la dictadura militar, se manifestó contra líderes del Congreso Nacional, gobernadores y alcaldes que defienden el aislamiento social, demandando se verifique la existencia de esquemas de financiación para manifestaciones contra la democracia que minan el régimen republicano”. El comunicado suscrito por el magistrado Alexandre Moraes, agrega que “lo expresado por el Procurador es grave ya que socava el Estado Democrático y la Ley y sus instituciones republicanas, predicando violencia, arbitrariedad, falta de respeto por los derechos fundamentales de la persona, abogando por la tiranía, por lo que autorizamos la apertura de la investigación”.

El 24 de abril, la diputada Joice Hasselman del Partido Socialista Brasileño presentó una denuncia por juicio político contra Bolsonaro ante la Cámara de Diputados acusándolo de violar la ley de delitos “de responsabilidad” ya que está utilizando a las autoridades bajo su subordinación inmediata para practicar abusos de poder y del delito de “falsedad ideológica” ya que cesó al Jefe de la Policía Federal con la firma falsificada del ministro Moro quien declaró que no firmo la destitución del jefe policial.

El 25 de abril, el Fiscal General de Brasil, Augusto Aras, solicito al Tribunal Supremo Judicial que aperture una investigación contra el presidente Bolsonaro por “injerencia política” en la Policía Federal que denunció el ministro Moro que revelarían “actos ilícitos”, pero también se habría cometido los delitos de “falsedad ideológica” “coacción”, “malversación” y “obstrucción a la justicia” por parte del mandatario nacional.

El 26 de abril, los ex ministros de salud de Brasil, Humberto Costa, Alexandre Padilha y Arthur Chioro, interpusieron una denuncia contra el presidente Bolsonaro al acusarlo de “violar los derechos a la salud y a la vida del pueblo brasileño” ante la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michel Bachelet. Los ex ministros sostienen que Bolsonaro tildó de “gripecita” al virus del Covid lo que podría provocar un genocidio en Brasil ya que el mandatario no cumple con las recomendaciones de la OMS que la mayoría de Estados del mundo acata para proteger a su población.

Desde que retornó la democracia a Brasil el 1985, con el presidente, Tancredo Neves, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño y en 35 años de primavera democrática, nunca el país carioca tuvo un presidente tan polémico, confrontacional y ultraconservador como Bolsonaro.

Calificó de “lunático y demagogo” al gobernador del estado de Sao Paulo por decretar aislamiento social, culpó a TV Globo de gran audiencia nacional de ser los “promotores del cacerolazo” contra su gobierno, denunció que la prensa “engaña a la población por ser mayoritariamente de izquierda” y exaltó “al militarismo” liderando una manifestación en una plaza pública en su condición de Jefe de Estado desafiando a los poderes públicos. No solo eso, atacó a los alcaldes y gobernadores que decretaron aislamiento social y derogó dichas normas jurídicas, lo que obligó a un juez supremo a revisar los decretos del presidente, derogándolo y darle la razón a los alcaldes y gobernadores. Se llego al extremo que el presidente del Senado ocupado por un senador de derecha y el presidente de Diputados de centro derecha, que eran sus aliados políticos, le increparan públicamente por no manejar en forma responsable la pandemia. El diario más influyente de Brasil “Folha de Sao Paulo”, en su editorial, tituló lo siguiente: “Presidente, retírese”, argumentando que no estaba preparado para conducir el destino del pueblo brasileño y ponía en riesgo la salud del pueblo.

Bolsonaro juramentó a su cargo como presidente el 01 de enero del 2019 y debe concluir su mandato el 2022. ¿Lo destituirán los senadores y diputados de Brasil antes que culmine su mandato? ¿Lo sentenciará la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad? ¿La Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michel Bachelet, citará a Bolsonaro por no proteger el derecho a la salud y la vida de los brasileños? Todo puede pasar en Brasil en los próximos días.