Precandidato presidencial Joaquín Ticona plantea modificar capítulo económico de la Constitución e industrializar el país
A un año de las elecciones 2021 en el Perú, el abogado arequipeño, Joaquín Ticona Rondan, está formando el Partido “Perú Trabajando” para postular a las elecciones presidenciales. En la siguiente entrevista nos da cuenta quien es él y cuales son algunas las propuestas políticas que presentará su partido político.
¿Quién es Joaquín Ticona Rondan?
Nací en Chivay, Provincia de Caylloma del Departamento de Arequipa. De niño caminaba con ojotas y chullo, estudiando primaria y secundaria en esa zona. Soy profesor físico matemático y abogado por la Universidad Nacional de San Agustín. Actualmente soy docente de derecho penal en la Facultad de Derecho de la UNSA y fui juez superior penal en la Corte Superior de Arequipa, dejando ese cargo por ser incompatible con la política y me he dedicado a la formación del Partido Perú Trabajando y soy del campo como la mayoría de peruanos.
¿Por qué pretende postular a la presidencia de la república?
El Partido Perú Trabajando nace en Arequipa ya que casi todos los partidos políticos se crearon en Lima con los resultados que hoy todos conocemos en casi 200 años de vida republicana. Queremos cambiar el país buscando la justicia social para todos mis compatriotas. Queremos una efectiva descentralización. Para Lima, planteamos 2 teleféricos que una al sur con el norte y al este con el oeste, entre otras cosas.
¿Cuándo estiman inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones?
El Jurado nos exige tener presencia en 20 Departamentos, 65 Provincias y más de 24,800 firmas de militantes. Hoy ya tenemos 15 bases en regiones y en el mes de junio estimamos inscribirnos para participar en las elecciones del 2021. En Arequipa nuestro local está ubicado en Calle Nueva 209 oficina 232 en el Cercado.
¿Cómo están financiando el Partido Trabajando?
Los militantes aportan cuotas voluntarias y nuestros comités oportunamente elegirán en forma democrática a sus candidatos a elecciones municipales, regionales y nacionales. No subastaremos ninguna candidatura ni haremos negocio con la política. No soy un autócrata y las decisiones las tomamos democráticamente.
El Dr. José Bustamante y Rivero, ilustre patricio, fue el ultimo arequipeño en ser presidente del Perú en la década del cuarenta del siglo XX. ¿Cree usted estar a su altura para intentar llega a la presidencia de la república?
Históricamente Arequipa en el siglo XIX y XX tuvo mucho peso político en el país. Pretendemos presentarnos a la presidencia para cambiar nuestra patria en beneficio de los más deprimidos que son la mayoría de peruanos. Una de nuestras propuestas principales es industrializar el país.
¿Cómo resumiría usted su propuesta programática y línea ideológica?
Nosotros revaloramos los principios ancestrales del Perú que proviene del incanato.
¿Son conservadores o progresistas?
Somos progresistas ya que queremos integrar a todos los peruanos y se respeten los derechos humanos para que no sean líricos.
¿Qué reformas urgentes plantea su partido político?
Debe modificarse la Constitución de 1993, especialmente en el capítulo económico. El Estado tiene la obligación de crear empresas en zonas estratégicas de la economía que garanticen nuestra seguridad nacional, lo que no harán los neoliberales. Otra modificación es que no puede haber congresistas que a la misma vez sean ministros de estado. No puedes cumplir dos funciones públicas a la vez, ya que esa doble función no respeta el equilibrio de poderes que consagra nuestra carta magna, entre otras reforma constitucionales.
¿Debe modificarse algunos artículos de la Constitución o ir a una Asamblea Constituyente?
Planteamos una revisión integral de la Constitución consultando con el pueblo, porque los cambios no se pueden hacer a espaldas de la población.
¿Qué proponen en el capítulo de descentralización?
El proceso de descentralización se ha estancado. No hay una verdadera descentralización económica. Arequipa anualmente aporta más de 2,900 millones de soles, pero no recibe ni la mitad del presupuesto nacional. Lo mismo sucede con la ciudad de Cuzco, lo que no puede continuar en forma indefinida, porque las ciudades del interior requieren más presupuesto del tesoro público.
¿Debe modificarse o no la actual ley de minería?
Debe modificarse porque la actual ley data de la década del noventa con Fujimori y después se hicieron algunos parches legales. La actual ley tiene excesivos beneficios tributarios a favor de las empresas mineras que en los hechos tributan muy poco a favor del Estado, mientras que los pueblos del interior siguen postergados del desarrollo.
¿Qué proponen para mejorar la educación?
Solo el 30% de egresados de secundaria accede a la educación superior y universitaria lo que no es justo, ya que el 70% de jóvenes están postergados. Fomentaremos la educación técnica desde la secundaria para que los mismos jóvenes generen sus microempresas y el Estado podrá financiarlos en su etapa de aprendizaje. Los jóvenes son el futuro de la patria y no podemos ignorarlos.
El presidente Vizcarra plantea que se debata la pena de muerte ante el incremento de feminicidios y asesinatos en la última década. ¿Cuál es su posición sobre este tema?
Nos indigna la ola de violaciones y la muerte de personas por la inseguridad ciudadana ante el fracaso de los diversos niveles de gobierno. Fui juez penal y comprobé que se incrementó los delitos penales. Hoy estamos adscritos a la Convención Americana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos y salir de ella, tomaría dos años como mínimo. No es fácil dar ese paso, pero sí creo que deberíamos analizar en forma desapasionada ese tema. Si llegamos al gobierno, daríamos una norma para que todos los presos que son más de 90 mil en el país, trabajen en forma obligatoria, porque no es justo que el Estado gaste más de 10 soles por persona, cuando hay niños en la calle a quien nadie socorre.
¿Qué plantea usted para combatir la corrupción?
La corrupción le hizo muchos al país desde que nacimos como Estado. Tiene que haber penas más severas contra los funcionarios públicos que se corrompen y traicionan a la patria, quienes deberían ser inhabilitados de por vida, porque no se llega al gobierno para enriquecerse.