El Congreso Nacional de la República nació como institución en la capilla antigua de la Universidad Nacional de San Marcos el 20 de setiembre de 1822 y tenía 71 Diputados. Hoy con la Constitución actual de 1993 cuenta con 130 legisladores. Representa al soberano y refleja el pluralismo político y social de la Nación, por lo que adquieren legalidad y legitimidad de origen quienes son elegidos. El Congreso tuvo recesos, interrupciones y golpes institucionales, lo que motivó que en ocasiones sesione fuera de Lima. Tuvo brillantes tribunos, juristas y oradores que no hemos resaltado, pero también representantes repudiables e impresentables que no hicieron honor a la denominación de “Padres de la Patria” en la historia legislativa.

Sin embargo, cada década que pasa, el primer poder del estado pierde legitimidad y credibilidad como institución tutelar de la patria ante la población. En abril 2019, el Instituto de Estudios Peruanos informó que el 84% de ciudadanos desaprobaba la gestión del Congreso y sólo el 10% lo aprobaba. Disuelto el Congreso por el presidente Vizcarra el 30 de setiembre, el 06 de octubre del 2019, el Instituto de Estudios Peruanos, reveló que el 84% de peruanos respaldaba la disolución del Congreso, mientras que un 8% estaba en desacuerdo con esa medida. Asimismo, un 75% de peruanos estaba de acuerdo con Vizcarra con la convocatoria a elecciones parlamentarias el año 2020 y un 11% estaba en contra.

¿Qué factores han llevado a que el Congreso Nacional pierda legitimidad institucional?

El Congreso ha perdido legitimidad por múltiples razones que enumeraremos brevemente: 1.- La mala selección interna de los partidos políticos y sus candidatos al Congreso ya que no efectúan elecciones internas la mayoría de ellos y eligen a sus candidatos en “Congresos o Convenciones digitadas”. Las cúpulas de los partidos prefieren el dinero de los “independientes” para financiar la campaña electoral antes que a sus legítimos militantes ya que los “invitados” no tienen convicción ideológica ni compromiso programático y no respetan las promesas electorales. 2.- El abuso de la inmunidad parlamentaria ya que algunos legisladores acusan e injurian gratuitamente amparados en su inmunidad constitucional lo que constituye un escudo político que hace casi imposible una acusación penal por los excesos parlamentarios. Lo hemos comprobado últimamente cuando el fuji-aprismo impidió que varios legisladores rindan cuentas a la justicia y blindando a un ex fiscal de la nación y un ex magistrado supremo, lo que atenta contra la política anticorrupción. 3.- La ausencia en la Carta Magna de mecanismos constitucionales que permitan la renovación por tercios, la revocación parlamentaria o la renuncia de los congresistas por mala conducta política y ética. A excepción de la disolución del Congreso estipulado en el artículo 134 de la Constitución, los legisladores son “vacas sagradas” e intocables, ya que se puede revocar a alcaldes y gobernadores regionales, pero no a los legisladores lo que no puede continuar.

4.- La falta de ética de los legisladores ya que algunos de ellos transgredieron su propio código de ética y no pasa nada, porque las mayorías y sus aliados, los protegen sin pudor ni vergüenza. Desde el 2016 al 2019, ante la Comisión de Ética, se registraron 89 denuncias, pero solo hubo 10 sanciones, en su mayoría contra Fuerza Popular. Las sanciones fueron contra Maritza García por información falsa, Carlos Bruce aprovechamiento del cargo, Yesenia Ponce por información falsa, Moisés Mamani por acoso sexual, Luis López por acoso sexual, Jhony Lescano por acoso sexual, María Foronda por contratación de sentenciada por terrorismo, Yesenia Ponce por tráfico de influencias, Daniel Salaverry por información falsa y Roberto Vieira por pedir dinero para favorecer a empresa.

5.- La ausencia de fiscalización de la Contraloría al Congreso que ha permitido el abuso de los grupos políticos en el Parlamento, ya que gastan como quieren sin que el organismo contralor del presupuesto de la república pueda auditar sus cuentas, ya que afirman que atentarían contra la “autonomía constitucional” del primer poder del estado. 6.- El abuso de la autonomía política. El caso más evidente se dio el año 2013 cuando el Congreso eligió a Rolando Souza, Cayo Galindo y Víctor Mayorga como magistrados del Tribunal Constitucional. Los nacionalistas y fujimoristas hicieron una “repartija” como si el Tribunal Constitucional fuera un botín político que solo la presión de la opinión pública y mediática, hizo retroceder y derogar la resolución legislativa. Lo comprobamos cuando al caballazo, los fuji-apristas sin transparencia, sin publicidad del proceso y sin participación ciudadana, “seleccionaron en 30 minutos” a candidatos al Tribunal Constitucional con la finalidad que ese organismo falle a favor de Alberto y Keiko Fujimori en los procesos de habeas corpus presentados.

7.- Imponen leyes sin el mínimo respaldo social. La ley “pulpín” fue la demostración del abuso parlamentario que finalmente la presión de las movilizaciones juveniles hizo retroceder al Gobierno y al Congreso de mayoría humalista por imponer una ley que restringía derechos laborales, que finalmente fue derogada por la movilización de la población. 8.- El abuso de la autonomía administrativa. El fujimorismo con la presidenta de Luz Salgado, en agosto del 2016, comenzó con 3,145 trabajadores y en agosto 2016 culminó su gestión con 3,568 trabajadores. Luis Gallareta de Fuerza Popular como presidente comenzó en agosto 2017 con 3,662 trabajadores y culminó en agosto del 2018 con 3,899 trabajadores. Daniel Salaverry del fujimorismo comenzó con 3,899 trabajadores y culminó con 3,920 trabajadores. Es decir, el parlamento es una “bolsa de trabajo” para los partidos políticos con sueldos abusivos lo que no puede continuar.

9.- El excesivo transfuguismo. El periodo parlamentario 1995-2000 se inició con 9 bancadas parlamentarias que luego creció a 12 bancadas y finalmente al concluir el quinquenio parlamentario se redujo a 8. En el periodo parlamentario 2011-2016, la bancada nacionalista se inició con 42 legisladores, pero termino con 22 integrantes al haber renunciado 20 legisladores. El reciente Congreso comenzó el 2016 con seis bloques parlamentarios que se duplicó a 12 bancadas el 2019. Es decir, no hay convicción política, ideológica ni programática en la mayoría de legisladores y se cambian de camiseta política como si se cambiaran de calzoncillos.

¿Qué reformas se imponen ante estas situaciones?

Son urgentes e impostergables algunas reformas constitucionales, legislativas y administrativas para recuperar la legitimidad y credibilidad del primer poder del Estado. Una breve revisión de la Constitución comparada de América Latina, nos permite sugerir a futuro algunas modificaciones constitucionales a nuestra Carta Magna para que el nuevo Congreso se reencuentre con el pueblo y recupere su legitimidad. Resumiendo, estas son algunas propuestas que podría incorporarse en nuestra Carta Fundamental.

(Art. 134). Ecuador. – “Las organizaciones sociales de carácter nacional tienen derecho a la iniciativa legislativa”. Nuestra Constitución solo permite presentar iniciativas al presidente de la república, a los legisladores, las instituciones públicas autónomas, los gobiernos regionales, los gobiernos locales y los colegios profesionales. Los movimientos sociales son convidados de piedra en la democracia peruana, lo que no puede continuar.

(Art. 146). Panamá. – “Los partidos políticos podrán revocar el mandato de los Diputados si violan sus estatutos, plataforma política o programática”. En el Perú, salvo el artículo 134 de la Constitución que permite que el Jefe de Estado disuelva el Congreso, no hay otra forma de revocar el mandato legislativo, por lo que urge una reforma constitucional que permita a la mitad del mandato congresal, implementar el referendo revocatorio para que el pueblo en las ánforas, defina quienes se quedan y quienes deben irse por incapacidad e inmoralidad o delitos de función.

(Art. 197). Uruguay. – “Bastará la mayoría de votos de los legisladores para admitir la renuncia voluntaria de sus cargos”. En el Perú el cargo de congresista es irrenunciable, lo que es un contrasentido democrático, porque en libertad los ciudadanos se presentan a elecciones y salen elegidos parlamentarios. Con esa misma libertad, se debe permitir que los legisladores renuncien, lo que la actual carta magna no lo permite hoy.

(Art. 134). Brasil.- “Perderá el mandato el Diputado o Senador que no asista a tres sesiones legislativas del pleno del Congreso”. En el Congreso es habitual que los legisladores no asistan a las comisiones ni al pleno del parlamento. Se ha observado que cuando hay plenos parlamentarios, en ocasiones se aprecia curules vacías, por lo que los legisladores inasistentes en forma frecuente deberían perder su mandato.

(Art. 50). Bolivia. “Los legisladores no gozarán de inmunidad parlamentaria”. La inmunidad se ha convertido en un blindaje, escudo y paraguas donde legisladores con la complicidad de bloques parlamentarios, impiden que sean procesados y sancionados los padres de la patria, por lo que la inmunidad debe revisarse y reformarse en la Carta Magna. Como se puede apreciar, es posible modificar algunos artículos de la Constitución si hay voluntad de los nuevos partidos políticos del nuevo Congreso transitorio si quieren perfeccionar el trabajo del primer poder del Estado.

¿Cuántas modificaciones constitucionales ha efectuado el Parlamento a nuestra Constitución?

Nuestra actual Constitución Política tiene 26 años de vigencia y sólo al año 2015 se efectuaron 26 reformas constitucionales de los 206 artículos que tiene nuestra Carta Magna. Las modificaciones con leyes de reforma constitucional fueron a los siguientes artículos: Art. 31, 34, 74, 77, 80, 81, 87, 90, 91, 96, 101, 103, 107, 112, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199 y 200. La primera ley de reforma constitucional que aprobó el Congreso Nacional fue la ley 26470 del 12 de junio de 1995 que modificó la acción de amparo y habeas data.

Como se puede observar, ya se han dado varias reformas constitucionales desde la década noventa del siglo XX hasta hoy. Para que se apruebe una reforma constitucional según el artículo 206 de nuestra Carta Magna “es necesaria que sea aprobada por el Congreso con la mayoría absoluta del número legal de sus miembros y ratificada mediante referéndum. Puede omitirse el referéndum cuando el acuerdo del Congreso se obtiene en dos legislaturas ordinarias sucesivas con votación favorable, en cada caso, superior a los dos tercios del número legal de Congresistas”. ¿Habrá voluntad política de Acción Popular, Alianza para el Progreso, FREPAP, Fuerza Popular, Unión por el Perú, Podemos Perú, Somos Perú, Partido Morado y Frente Amplio para presentar su auto reforma para modificar las funciones y competencias del Congreso Nacional?

La opinión de los representantes de la sociedad civil de Arequipa.

Dialogamos con representantes de la sociedad civil de Arequipa que y dieron su opinión sobre modificaciones para mejorar el trabajo del Congreso y los legisladores. Gerónimo López Sevillano. – (Secretario General de la Confederación General de Trabajadores del Perú). – “Los legisladores deben someterse al referendo revocatorio como sucede en Venezuela y no deben ser reelegidos como sucede en México para renovar los cuadros políticos del país. No estoy de acuerdo con la renuncia voluntaria de los congresistas”. Dr. Alfredo Álvarez Díaz. – (Ex Decano del Colegio de Abogados de Arequipa). – “Estoy de acuerdo con la renuncia voluntaria de los congresistas como sucede en Uruguay y también con la renovación del mandato legislativo de los congresistas a la mitad de gestión parlamentaria como está establecido en Argentina. No estoy de acuerdo con que a los legisladores se les quite su inmunidad parlamentaria como acontece en Bolivia ya que significaría desprotegerlo jurídicamente ante los poderes públicos y los poderes fácticos”.

Dr. Alberto Indacochea Mostajo. – (Ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de San Agustín). – “Considero que todos los congresistas deberían someterse al referendo revocatorio como sucede en Venezuela para sancionar políticamente a los malos legisladores y debería modificarse la Constitución admitiendo la renuncia voluntaria de sus cargos como sucede en Uruguay. No estoy de acuerdo con que lo legisladores pierdan su inmunidad parlamentaria porque sería desamparada jurídicamente”.

La legitimidad como fuente de poder y soberanía.

La legitimidad de origen es cuando los congresistas elegidos por el pueblo obtienen el respaldo en las ánforas electorales y luego son proclamados oficialmente por el Jurado Nacional de Elecciones. Pero, la legitimidad de ejercicio, es cuando las autoridades elegidas no hacen buen uso de las competencias asignadas e incurren en omisión o abuso de función. Kriele afirmaba que “La soberanía del Estado depende de su legitimidad y la legitimidad se fundamenta en su soberanía”. En tanto que López Hernández, afirmaba que “La soberanía y la legitimidad son propiedades esenciales del poder político estatal”. ¿Qué nos dicen en resumen estas frases? En palabras sencillas, indican que se puede perder legitimidad (reconocimiento social o político) cuando hay abuso de autoridad, actos de corrupción, de incompetencia o al ponerse al servicio de intereses particulares, políticos o económicos.

Por lo tanto, habrá legitimidad del Congreso y sus inquilinos cuando el pueblo los reconozca como tales y les agradezca por sus servicios prestados a la Nación. ¿Podemos afirmar que la mayoría de peruanos se sienten agradecidos al Parlamento Nacional? ¿Hay la percepción que ellos legislan, fiscalizan, sancionan, nombran y ratifican a los altos funcionarios de la república en función a los intereses nacionales? ¿La sociedad civil no debería impulsar esas reformas del Congreso si los padrastros de la Patria no lo hacen?

Finalmente, el ex presidente de Estados Unidos, Harry Truman, expresó una frase que tiene que ver con la actuación de los políticos en relación con el Estado y la Sociedad. “Ningún gobierno es perfecto. Pero una de las virtudes de la democracia es que sus defectos son siempre visibles y en elecciones periódicas pueden señalarse y corregirse esos defectos si hay decisión de hacerlo”. En resumen, el parlamento se auto reforma, o continuará con su desprestigio ante el soberano.

Hugo Amanque Chaiña – Periodista y Abogado